La Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana

Introducción.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de México y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Le corresponde defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantener el equilibrio entre los diversos poderes y órganos de gobierno, y solucionar, de modo definitivo, asuntos judiciales de gran relevancia social, a través de las resoluciones jurisdiccionales que dicta. Por lo anterior, y al tratarse del principal y más alto tribunal de naturaleza constitucional, no existe órgano ni autoridad que se encuentre por sobre ella o recurso judicial que pueda interponerse en contra de sus decisiones.

Según el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone por once Ministros, uno de los cuales es su presidente, y funciona en Pleno o en Salas. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia no integra sala, es decir, solo forma parte del pleno en sí, pero no participa en ninguna de las actividades de las salas.

Los ministros son electos para un periodo de 15 años. Para su elección el Presidente de la República propone al Senado de la República una terna de candidatos para cada puesto y, previa comparecencia, el Senado elige a uno de ellos por una mayoría cualificada de dos terceras partes.

La Constitución señala que los nombramientos de los ministros deben recaer, preferentemente, entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad.

 

 

CENTRALISMO (1835-1846)

Corren los tiempos del doctor José María Luis Mora; de Don Carlos María de Bustamante; de Francisco Manuel Sánchez de Tagle. Se ha sembrado la semilla de los partidos liberal y conservador, ya se habla de la posible reforma de la Constitución de 1824 y de las bases para la nueva Constitución. El 2 de octubre de 1835, la comisión a la que el Congreso había encomendado las reformas constitucionales presentó el proyecto que se convirtió en lo que se denominó: “Bases para la nueva Constitución” que dio fin al sistema federal y paso a la nueva ley fundamental, la que fue dividida en siete estatutos; dice Don Felipe Tena Ramírez en su obra: “Leyes Fundamentales de México”, “…razón por la cual a la Constitución centralista de que se trata se la conoce también como la Constitución de las siete leyes…”

El quinto estatuto, al que podríamos llamar la quinta ley constitucional, se refiere precisamente al Poder Judicial de la República Mexicana, disponiendo en su artículo 1°.

ART. 1.- El poder judicial de la República se ejercerá en una Corte Suprema de Justicia, por los Tribunales Superiores de los Departamentos, por los de Hacienda que establecerá la Ley de la Materia y por los Juzgados de primera instancia.

Resulta evidente, que en este ordenamiento son suprimidos los tribunales de Circuito, así como los juzgados de Distrito, lo que a nuestro juicio resultó un retroceso para la administración de justicia, en cuanto a que se le mutilaron importantes instituciones de su quehacer.

Por otra parte debe señalarse que en este Cuerpo Constitucional, se dispone en su artículo 2, que la Corte Suprema de Justicia sería integrada por once Ministros y un Fiscal.

Efímera fue la vigencia de la Constitución de 30 de diciembre de 1836. Al respecto, el ilustre jurista Don Felipe Tena Ramírez, en la obra citada con anterioridad, comenta: “…la hostilidad hacia ella de los federalistas se hizo sentir en todas sus formas, desde las solicitudes para el cambio de sistema, que con nombre de: “REPRESENTACIONES” caracterizaron a la época, hasta las conjuraciones o pronunciamientos militares, que no por ser sofocados dejaban de renacer…” (7). El federalismo crecía cotidianamente y se hacía presente a cada momento, aún dentro del seno del propio gobierno. La lucha entre federalistas y centralistas fue enconada, lo que provocó que para 1838, en el mes de diciembre, el Presidente Don Carlos María Bustamante, pidiera la fusión de los partidos; que todos ellos transigieran y que dejaran para después sus diferencias hasta concluir la guerra que en ese momento se había entablado con Francia.

BASES DE ORGANIZACION POLITICA DE LA REPUBLICA MEXICANA

Siendo Presidente Provisional de la República Mexicana Don Antonio López de Santa-Anna, y con motivo del acuerdo tomado por la Junta Nacional Legislativa, creada por decretos de 19 y 23 de diciembre de 1842, se establecen las Bases de Organización Política de la República Mexicana, a las que en su título IV dispone:

DEL PODER JUDICIAL

ART. 115.- El poder judicial se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en los tribunales superiores y jueces inferiores de los Departamentos, y en los demás que establezcan las leyes. Subsistirán los tribunales especiales de hacienda, comercio y minería mientras no se disponga otra cosa por las leyes.

ART. 116.- La Corte Suprema de Justicia se compondrá de once ministros y un fiscal. La ley determinará el número de suplentes, sus calidades, la forma de su elección y su duración.

Como es de verse en las citadas bases se hace omisión de los tribunales Colegiados; así como de los juzgados de Distrito.

LIBERALISMO (CONSTITUCIÓN DE 1857)

Se vive el año de 1857; tiempos aciagos convulsionan interiormente al país. El orden jurídico se enaltece con la expedición de una nueva Constitución, el 5 de febrero del mismo año.

“El Poder Judicial”, no dice Francisco de Paula Arrangoiz en su obra: “México desde 1808 hasta 1867”, “es electivo cada seis años, sin que para ser magistrado en él se exija más requisito que estar instruido en la ciencia del derecho a juicio de los electores; ser mayor de treinta y cinco años y ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos”.

La Suprema Corte sigue de pie, con muchos problemas. Herida, pero de pie; respondiendo a las necesidades de la impartición de justicia en la medida en la que puede hacerlo y se le permite; aún no rompe las cadenas a las que se le somete a través de pasadas constituciones. Se gobernaba en la incertidumbre de las luchas internas y con los pocos elementos con los que contaba, pero aún así, cumplía su misión.

La Constitución de 1857, jurada el 5 de febrero del mismo año, fue el producto de profundas disertaciones históricas, jurídicas y filosóficas, destacando intervenciones como las de los insignes diputados Don Francisco Zarco, de Ponciano Arriaga y por supuesto la ponencia de Don Mariano Otero quién pretendía restaurar la Constitución de 1824, considerándose para ello reformas a la misma, tales como, la prohibición para que corporaciones religiosas adquirieren bienes inmuebles; abolición de fueros militares y eclesiásticos.

La Constitución de 1857 resulta una Constitución liberal, en la que en sus debates camarales ya detenta la semilla de los aspectos sociales, que posteriormente serán plasmados en la Constitución política de 1917, siendo, nos dice Felipe Tena, que Don Ignacio Ramírez se refirió al problema social: “…con mayor vehemencia que Arriaga…”.

De esta Constitución y en relación a la Suprema Corte de Justicia, debemos de estar a lo que dispone la Sección III, Título del Poder Judicial, en cuyos artículos se dispone lo siguiente:

ART. 90.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Corte Suprema de Justicia y en los Tribunales del Distrito y Circuito.

ART. 91.- La Suprema Corte de Justicia se compondrá de once Ministros Propietarios, cuatro Supernumerarios, un Fiscal y un Procurador General.

ART. 92.- Cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo seis años, y su elección será indirecta en primer grado, en los términos que disponga la ley electoral.

ART. 93.- Para ser electo individuo de la Suprema Corte de Justicia, se necesita: Estar instruido en la ciencia del derecho, á juicio de los electores, ser mayor de treinta y cinco años y ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos.

ART. 94.- Los individuos de la Suprema Corte de Justicia al entrar a ejercer su encargo, prestarán juramento ante el Congreso, y en sus recesos ante la diputación permanente, en la forma siguiente: “¿Jurais desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado de la Suprema Corte de Justicia que os ha conferido el pueblo, conforme a la Constitución, y mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”.

ART. 95.- El cargo de individuo de la Suprema Corte de Justicia solo es renunciable por causa grave, calificada por el Congreso, ante quien se presentará la renuncia. En los recesos de éste, la calificación se hará por la diputación permanente.

ART. 96.- La ley establecerá y organizará los Tribunales de Circuito y de Distrito.

ART. 97.- Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:

I.- De todas las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales.

II.- De las que versen sobre derecho marítimo.

III.- De aquellas en que la federación fuere parte.

IV.- De las que se susciten entre dos o más Estados.

V.- De las que susciten entre un Estado y uno o más vecinos de otro.

VI.- De las del orden civil o criminal que se susciten a consecuencia de los tratados celebrados con las potencias extranjeras.

VII.- De los casos concernientes a los agentes diplomáticos y cónsules.

ART. 98.- Corresponde a la Suprema Corte de Justicia desde la primera instancia, el conocimiento de las controversias que se susciten de un Estado con otro, y de aquellas en que la Unión fuere parte.

ART. 99.- Corresponde también a la Suprema Corte de Justicia dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de la federación; entre éstos y los de los Estados, o entre los de un Estado y los de otro.

ART. 100.- En los demás casos comprendidos en el Art. 97, la Suprema Corte de Justicia será tribunal de apelación, o bien de última instancia, conforme a la graduación que haga la ley de las atribuciones de los tribunales de Circuito y de Distrito.

ART. 101.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite.

I.- Por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales.

II.- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados.

III.- Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal.

ART. 102.- Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán, a petición de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose á protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

Comonfort juró observar y respetar la Constitución de 1857. Este ordenamiento establecía en su artículo 79, que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, substituiría al Presidente de la República, en ausencia de éste último; razón por la cual, ante el desconocimiento que de la Constitución a la que nos referimos, hizo el propio Comonfort, Juárez se entregó a la lucha en defensa de la misma, ocupando la primera magistratura de la República, dando cauce y paso a una nueva etapa en la Historia de México, de la que estamos seguros surge el Estado mexicano con tal vigor, que a la postre lanza a la vida jurídico política la Constitución de 1917, primer ordenamiento jurídico social del siglo XX.

LUCHA DE INDEPENDENCIA

(DECRETO CONSTITUCIONAL PARA LA LIBERTAD DE AMERICA LATINA)

Sin lugar a dudas, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana es el primer documento del México independiente, en el que aparece por vez primera la instauración de un Supremo Tribunal de Justicia, antecesor de la actual, H. Suprema Corte de Justicia de la Nación; y si bien el citado decreto careció de real vigencia, no por ello deja de ser, históricamente, un importante antecedente en el establecimiento de la justicia nacional.

En el artículo 44 del citado decreto, se estableció que la soberanía del pueblo correspondía al Supremo Congreso Mexicano, y que además se crearían dos corporaciones, una con el título de Supremo Gobierno, y otra, con el del SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA; que éste se integraría por cinco individuos, los que en su número podrían aumentarse por deliberación del Congreso según lo requieran las circunstancias (Art. 181); que la corporación de individuos que la compusieren sería renovada cada tres años en la forma siguiente: “en el primero y en el segundo saldrán dos individuos; y en tercero uno: todos por medio de sorteo que hará el Supremo Congreso” (Art. 183); que tendría dos fiscales letrados, uno para lo civil y el otro para lo criminal (Art. 184); que tendría dicho tribunal el tratamiento de Alteza; para aquellos que la compusieran como titulares del mismo, el de Excelencia, durante el tiempo de la comisión, y que los fiscales; y secretarios durante su ejercicio deberían de ser llamados como su Señoría. Lo anterior se cita con el objeto de hacer resaltar la magnificencia y seriedad que se dio en este Decreto Constitucional a la creación del Supremo Tribunal de Justicia.

Dadas las condiciones históricas que se vivían, el citado tribunal tuvo la necesidad de trasladarse a la población de Ario, Michoacán, en donde se dice despachó asuntos de su competencia, entre otros: el fallar las causas instruidas contra altos funcionarios del gobierno; así como, el conocer en segunda, o tercera instancia, de las resoluciones de los tribunales inferiores y decidir la competencia de éstos. Poco fue el tiempo en que funcionó, pues huyendo las fuerzas realistas y siendo protegidos por Morelos, fueron alcanzados por Calleja, momento en el cual, el primero, protege la huida del tribunal; motivo por el que éste fue aprehendido y fusilado en San Cristobal de Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815. Como consecuencia de lo anterior, se disuelve el Congreso, dando fin a esta histórica etapa de la vida de México.

Para efectos de conocimiento se citan textualmente los artículos del Derecho Constitucional para la Libertad de la América Mexicana que se refieren a la Organización y Competencia del Supremo Tribunal de justicia creado por dicho decreto.

v  CAPITULO XIV

DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

ART. 181.- Se compondrá por ahora del Supremo Tribunal de Justicia de cinco individuos que por deliberación del Congreso podrán aumentarse, según lo exijan y proporcionen las circunstancias.

ART. 182.- Los individuos de este Supremo Tribunal tendrán las mismas calidades que se expresan en el artículo 52. Serán iguales en autoridad, y turnarán por suerte en la presidencia cada tres meses.

ART. 183.- Se renovará esta corporación cada tres años en la forma siguiente : en el primero y en el segundo saldrán dos individuos, y en el tercero uno: todos por medio de sorteo, que hará el Supremo Congreso.

ART. 184.- Habrá dos fiscales letrados, uno para lo civil, y otro para lo criminal, pero si las circunstancias no permitieren al principio que se nombre más que uno, éste desempeñará las funciones de ambos destinos; lo que se entenderá igualmente respecto de los secretarios. Unos y otros funcionarán por espacio de cuatro años.

ART. 185.- Tendrá este Tribunal el tratamiento de Alteza, sus individuos de Excelencia durante su comisión, y los fiscales y secretarios el de Señoría, mientras permanezcan en su ejercicio.

ART. 186.- La elección de los individuos del Supremo Tribunal de Justicia se hará por el Congreso, conforme los artículos 151, 152, 153, 154, 156 y 157.

ART. 187.- Nombrados que sean los cinco individuos, siempre que se hallen presentes tres de ellos, otorgarán acto continuo su juramento en los términos que previene el artículo 155.

ART. 188.- Para el nombramiento de fiscales y secretarios regirá el artículo 158.

ART. 189.- Ningún individuo del Supremo Tribunal de Justicia podrá ser reelegido hasta pasado un trienio después de su comisión: y para que puedan reelegirse los fiscales y secretarios han de pasar cuatro años después de cumplido su tiempo.

ART. 190.- No podrá elegirse para individuos de este Tribunal los diputados del Congreso, si no es en los términos que explica el artículo 136.

ART. 191.- Tampoco podrán elegirse los individuos del Supremo Gobierno mientras lo fueren, ni en tres años después de su administración.

ART. 192.- No podrán concurrir en el Supremo Tribunal de Justicia dos o más parientes que lo sean desde el primero hasta el cuarto grado; comprendiéndose en esta prohibición los fiscales y secretarios.

ART. 193.- Ningún individuo de esta corporación podrá pasar ni una sola noche fuera de los límites de su residencia, si no es con los requisitos que para los individuos del Supremo Gobierno expresa el artículo 141.

ART. 194.- Los fiscales y secretarios del Supremo Tribunal de Justicia se sujetarán al juicio de residencia, y a los demás, como se ha dicho de los secretarios del Supremo Gobierno; pero los individuos del mismo Tribunal solamente se sujetarán al juicio de residencia, y en el tiempo de su comisión, a los que se promuevan por los delitos determinados en el artículo 59.

ART. 195.- Los autos o decretos que emanaren de este Supremo Tribunal, irán rubricados por los individuos que concurran a formarlos, y autorizados por el secretario, las sentencias interlocutorias y definitivas se firmarán por los mencionados individuos, y se autorizarán igualmente por el secretario; quien con el presidente firmará los despachos, y por sí sólo, bajo su responsabilidad, las demás órdenes; en consecuencia, no será obedecida ninguna providencia, orden o decreto que expida alguno de los individuos en particular.

PRIMERA REPUBLICA FEDERAL (CONSTITUCIÓN DE 1824)

El Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, del 31 de enero de 1824, marca el inicio de la vida jurídico-política de México independiente, dando origen a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824, documento en el que ya se dispone la división de los Poderes en los que se asienta y justifica el nuevo gobierno, esto es, el Poder Ejecutivo, denominado en su artículo 74 el Supremo Poder Ejecutivo; el Poder Legislativo, integrado por una Cámara de Diputados y una de Senadores (Art. 7), y el Poder Judicial, (Art. 123).

En el título 5°, se integran los preceptos constitucionales relativos a la elección, duración y competencia y solemnes juramentos, a los que debían someterse los individuos que integrarían esta Institución, lo que dispone la citada Constitución a través de los artículos 123 al 156, transcribiéndose del 126 al 136 por considerarse los de trascendencia para este documento:

ART. 123.- El Poder Judicial de la Federación residirá en una Corte Suprema de Justicia, en los Tribunales de Circuito y en los Juzgados de Distrito.

SECCION 2a.

De la Corte Suprema de Justicia y de la elección, duración y juramento de sus miembros.

ART. 124.- La Corte Suprema de Justicia se compondrá de once ministros distribuidos en tres Salas, y de un fiscal, pudiendo el Congreso General aumentar o disminuir su número, si lo juzgare conveniente.

ART. 125.- Para ser electo individuo de la Corte Suprema de Justicia se requiere: estar instruido en la ciencia del derecho a juicio de las legislaturas de los estados; tener la edad de treinta y cinco años cumplidos; ser ciudadano natural de la República, o nacido en cualquier parte de la América que antes de 1810 dependía de la España, y que se ha separado de ella, con tal que tenga la vecindad de cinco años cumplidos en el territorio de la República.

ART. 126.- Los individuos que compongan la Corte Suprema de Justicia serán perpetuos en este destino, y sólo podrán ser removidos con arreglo a las Leyes.

ART. 127.- La elección de los individuos de la Corte Suprema de Justicia se hará en un mismo día por las legislaturas de los estados a mayoría absoluta de votos.

ART. 128.- Concluidas las elecciones, cada legislatura remitirá al Presidente del Consejo de Gobierno, una lista certificada de los doce individuos electos, con distinción del que lo haya sido para fiscal.

ART. 129.- El Presidente del Consejo, luego que haya recibido las listas por lo menos de las tres cuartas partes de las legislaturas, les dará el curso que se prevenga en el reglamento del Consejo.

ART. 130.- El día señalado por el Congreso, se abrirán y leerán las expresadas listas a presencia de las Cámaras reunidas, retirándose en seguida los Senadores.

ART. 131.- Acto continuo, la Cámara de Diputados nombrará por mayoría absoluta de votos una comisión que deberá componerse de un Diputado por cada estado, que tuviere representantes presentes, a la que se pasarán las listas para que revisándolas dé cuenta con su resultado, procediendo la Cámara a calificar las elecciones y a la enumeración de los votos.

ART. 132.- El individuo o individuos que reuniesen más de la mitad de los votos computados por el número total de las legislaturas, y no por el de sus miembros respectivos, se tendrán desde luego por nombrados, sin más que declararlo así la Cámara de Diputados.

ART. 133.- Si los hubiesen reunido la mayoría de los sufragios prevenida en el artículo anterior, no llenaren el número de doce, la misma Cámara elegirá sucesivamente de entre los individuos que hayan obtenido de las legislaturas mayor número de votos, observando en todo lo relativo a estas elecciones, lo prevenido en la Sección primera del título IV, que trata de las elecciones de Presidente y Vicepresidente.

ART. 134.- Si un Senador o Diputado fuera electo para ministro o fiscal de la Corte Suprema de Justicia, preferirá la elección que se haga para estos destinos.

ART. 135.- Cuando falte alguno o algunos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, por imposibilidad perpetua, se reemplazarán conforme en un todo a lo dispuesto en esta sección, previo aviso que dará el Gobierno a las legislaturas de los estados.

ART. 136.- Los individuos de la Corte Suprema de Justicia, al entrar a ejercer su cargo prestarán juramento ante el Presidente de la República, en la forma siguiente: ¿Jurais a Dios Nuestro Señor haberos fiel y legalmente en el desempeño de las obligaciones que os confía la Nación? si así lo hiciereis, Dios os lo permite, y si no, os lo demande.

Sin duda alguna, la Constitución de 1824 es la primera Constitución, que tuvo vigencia real, y que marca los primeros pasos sólidos en la vida del Supremo Tribunal Mexicano, pues a partir de ese momento se puede afirmar que se inicia una línea estructurada en la vida político-jurídico de México, pues si bien, la nación, posteriormente, sufrió múltiples vejaciones, traiciones y usurpaciones de poder, no por ello dejó de seguir de pie y caminando en su lucha por la libertad y la justicia, de la cual sentimos gran orgullo, porque en todo ello, los miembros que han integrado históricamente la Suprema Corte, han sido pilares fundamentales de la misma. Baste recordar los nombres de ilustres mexicanos, tales como: Benito Juárez e Ignacio L. Vallarta; sin olvidar a hombres como Don Miguel Domínguez, esposo de Doña Josefa Ortiz; a Don Mariano Sánchez

Arreola, Primer Presidente del Supremo Tribunal, emanado del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana; a José Ma. Ponce de León; y Antonio Castro; entre otros, que vivieron difíciles momentos de aquel Primer Supremo Tribunal de Justicia, como muchos más en diversas épocas de la vida de México.

 

PLAN DE AYUTLA (ESTATUS ORGANICO-1835)

El 23 de mayo de 1855, el Gobierno General, a través de Ignacio Comonfort, entonces Presidente sustituto de la República Mexicana, decretó, en uso de las facultades que le concedía el Plan de Ayutla, reformado en Acapulco, el llamado Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana.

En la sección séptima de dicho estatuto, en los artículos 96 y 101, se dispone lo relativo al “Poder Judicial General”.

Para efectos de claridad, se hace transcripción fiel de la citada sección:

SECCIÓN SÉPTIMA

v  PODER JUDICIAL

ART. 96.- El Poder Judicial es independiente en el ejercicio de sus funciones, las que desempeñará con arreglo a las leyes.

ART. 97.- El Poder Judicial General será desempeñado por la Suprema Corte de Justicia y por los tribunales de circuito y juzgados de distrito establecidos en la Ley de 23 de noviembre de 1855 y leyes relativas.

ART. 98.- La Corte Suprema de Justicia desempeñará las atribuciones que le concede la expresada ley, además las siguientes:

PRIMERA.- Conocer de las diferencias que pueda haber de uno a otro Estado de la Nación, siempre que las reduzcan a un juicio verdaderamente contencioso, en que deba recaer formal sentencia, y las que susciten entre y un Estado y uno o más vecinos de otro, o entre particulares sobre pretensiones de tierras, bajo concesiones de diversos Estados, sin perjuicio de que las partes usen de su derecho, reclamando la concesión a la autoridad que la otorgó.

SEGUNDA.- Terminar las disputas que se susciten sobre contratos o negociaciones celebradas por el Gobierno Supremo o sus agentes.

TERCERA.- Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales generales, y entre estos y los de los Estados, y las que se muevan entre los dos de un Estado y otro.

CUARTA. – Conocer:

I.- De las causas que se muevan al Presidente, según el artículo 85.

II.- De las de los gobernadores de los Estados, en los casos de que habla el artículo 123.

III.- De las responsabilidades de los secretarios del Despacho, según el artículo 92.

IV.- De los negocios de los criminales y civiles de los empleados diplomáticos y cónsules de la República.

V.- De las causas de almirantazgo, presas de mar y tierra y contrabandos, de los crímenes cometidos en alta mar y de las ofensas contra la Nación.

ART. 99.- No puede la Suprema Corte de Justicia:

I.- Hacer reglamento alguno, ni aún sobre materias pertenecientes a la administración de justicia, ni dictar providencias que contengan disposiciones generales que alteren o aclaren las leyes.

II.- Tomar conocimiento alguno sobre asuntos gubernativos o económicos de la Nación o los Estados.

ART. 100.- El Poder Judicial de los Estados y Territorios continuará depositado en los tribunales y juzgados en que lo está actualmente, a reserva de lo que determinen las leyes generales.

ART. 101– Todos los negocios que comiencen en los juzgados inferiores de un Estado, terminarán dentro de él en todas instancias; los que se sigan en los Territorios, se decidirán conforme a la ley de 23 de noviembre de 1855, y a las expedidas o que se expidieren en lo sucesivo.

De los preceptos transcritos hacemos resaltar:

a).- Que el Poder Judicial General se establecería conforme a la ley del 23 de Noviembre de 1855.

b).- Que en el artículo 99, sufre la Corte prohibiciones expresas competenciales.

Resulta trascendente señalar, que en este Estatuto Orgánico, precisamente en el artículo 97 se establezca que el desempeño del Poder Judicial General se llevará por conducto tanto de la Suprema Corte de Justicia, como de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito; acatándose en lo conducente a lo que disponía la ley de 23 de noviembre de 1855. Lo anterior tiene importancia, en virtud de que se vuelve a reconocer la necesidad de existencia de los tribunales Colegiados y de los juzgados de Distrito. Asimismo, es importante hacer resaltar las limitaciones a las que se constriñe a la Suprema Corte de Justicia en este estatuto, en su artículo 99 que ha quedado transcrito, pues se limita en dos ámbitos importantes, incluso en el de reglamentar materias propias de la administración de justicia.

POS REVOLUCIONARIA CONSTITUCIÓN DE 1917) 

México ha vivido una intensa lucha por su libertad, por la justicia y por el bienestar de la sociedad que lo compone. Ya no acepta dictaduras: La Revolución Mexicana tuvo como base, principios fundamentales derivados de la lucha de casi un siglo; de esfuerzo y de la sangre de los mexicanos.

MÉXICO 1910

La dictadura de Porfirio Díaz, semilla de la no reelección, propicia la regeneración de la Nación Mexicana. Don Francisco I. Madero, se coloca como figura central del movimiento.

La convención nacional independiente de los partidos aliados, nacional-anti reeleccionista y nacional-democrático está dando sus frutos; los hermanos Flores Magón luchan por la causa. Ya nadie aspiraba a dominar para sí, sino fundamentalmente para la libertad interna deseada por el contexto nacional. La pasión política se había exacerbado, y el 5 de febrero de 1917 surge el estandarte jurídico político más trascendente del siglo XX, esto es, la Constitución Política de 1917, precedida por el Plan de San Luis, el de Ayala y el primer mensaje que se hiciere a la Nación Mexicana por el entonces gobernador de Coahuila, Don Venustiano Carranza, en 1916, que en una de sus partes más bellas dice: “La Constitución Política de 1857, que nuestros padres dejaron como legado precioso a la sombra de la cual se ha consolidado la nacionalidad mexicana; que entró en el alma popular con la guerra de la Reforma, en la que se alcanzaron grandes conquistas, y que fue la bandera que el pueblo llevó a los campos de batalla en la guerra contra la intervención, lleva indiscutiblemente, en sus preceptos, la consagración de los más altos principios, reconocidos al fulgor del incendio que produjo la revolución más grande que presenció el mundo en las postrimerías del siglo XVIII, sancionados por la práctica constante y pacífica que de ellos se ha hecho por dos de los pueblos más grandes y más poderosos de la tierra: Inglaterra y los Estados Unidos.”.

En dicho documento, también se dice:

“No podré deciros que el proyecto que os presento sea una obra perfecta, ya que ninguna que sea hija de la inteligencia humana puede aspirar a tanto; pero creedme señores diputados que las reformas que proponga son hijas de una convicción sincera, son el fruto de mi personal experiencia y la expresión de mis deseos hondos y vehementes por el que pueblo mexicano, alcance el goce de todas las libertades, la ilustración y progreso que le den lustre y respeto en el extranjero y paz y bienestar en todos los asuntos domésticos.”.

En otra parte de su alocución y refiriéndose a los males de la Nación, el varón de Cuatro ciénegas expresa: “La imaginación no puede figurarse el sinnúmero de amparos por consignación al servicio de las armas, ni contra arbitrariedades de los jefes políticos, que fueron, más que los encargados de mantener el orden, los verdugos del individuo y la sociedad”.

Con conceptos de este tipo se va conformando la Constitución Política de 1917, documento que una vez confeccionado por el constituyente revela un gran acierto, no sólo para su tiempo sino para el devenir histórico de la nación mexicana, la que encuentra en él mismo, una esctructura adecuada a las necesidades de la impartición de justicia.

Se transcriben los preceptos constitucionales relativos al Poder Judicial de la Federación, como originalmente se dieron en la Carta Magna de 1917, ya que de la lectura de los mismos se puede desprender con nítida claridad, la razón de ser y de existir de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ellos se plasma la nueva vida jurídica de México desde 1917:

“Art. 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en Juzgados de Distrito y en un Consejo de la Judicatura Federal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o en Salas.

En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secreta en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la propia Corte y remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, aquellos asuntos en los que hubiera establecido jurisprudencia, para la mayor prontitud de su despacho.

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación.

La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales no podrá ser disminuida durante su encargo.

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su período, tendrán derecho a un haber por retiro.

Ninguna persona que haya sido Ministro podrá ser nombrada para un nuevo período, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino.

Art. 95.- Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III.- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

V.- Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y

VI.- No haber sido secretario de estado, jefe de departamento administrativo, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Art. 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

Art. 97. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del

Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.

La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los Poderes de la Unión. Los resultados de la investigación se harán llegar oportunamente a los órganos competentes.

La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los Magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial.

Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.

Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado, en la siguiente forma:

Presidente: “¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”

Ministro: “Sí protesto”

Presidente: “Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande”.

Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestarán ante el Consejo de la Judicatura Federal o ante la autoridad que determine la ley.

Art. 98. Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes, el Presidente de la República someterá el nombramiento de un Ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en el artículo 96 de esta Constitución.

Si faltare un Ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Presidente someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, en los términos del artículo 96 de esta Constitución.

Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, sí éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado.

Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, podrán concederse por el Presidente de la República con la aprobación del Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años.

Art. 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará con una Sala Superior así como con Salas Regionales y sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I.- Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

II.- Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos:

III.- Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;

IV.- Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

V.- Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes;

VI.- Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;

VII.- Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores;

VIII.- La determinación e imposición de sanciones en la materia; y

IX.- Las demás que señale la ley.

Cuando una Sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las Salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las Salas o las partes, podrán denunciar la contradicción, en los términos que señale la ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cual tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos.

La organización del Tribunal, la competencia de las Salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes.

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior y las regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos por la Comisión Permanente, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ley señalará las reglas y el procedimiento correspondientes.

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y durarán en su encargo diez años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo ocho años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores.

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley.

Art. 100. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; un Magistrado de los Tribunales Colegiados de Circuito, un Magistrado de los Tribunales Unitarios de Circuito y un Juez de Distrito, quienes serán electos mediante insaculación; dos Consejeros designados por el Senado y uno por el Presidente de la República. Los tres últimos, deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas. Los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución.

El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine.

Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período.

Los Consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

El Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley.

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a la designación, adscripción y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.

La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación. Con ambos se integrará el presupuesto del Poder Judicial de la Federación que será remitido por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente.

Art. 101. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.

Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, así como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como Ministros, salvo que lo hubieran hecho con el carácter de provisional o interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción VI del artículo 95 de esta Constitución.

Los impedimentos de este artículo serán aplicables a los funcionarios judiciales que gocen de licencia.

La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores, será sancionada con la pérdida del respectivo cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, así como de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes prevean.

Art. 102.-

A.- La Ley organizará el Ministerio Publico de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser Procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

El Procurador General de la República intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.

En todos los negocios en que la Federación fuese parte; en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales y en los demás en que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, el Procurador General lo hará por sí o por medio de sus agentes.

El Procurador General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

La función de consejero jurídico del Gobierno, estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley.

B. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los Derechos Humanos que otorga el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Formularán recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.

El organismo que establezca el Congreso de la Unión conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes de los estados.

Art. 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

I.- Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales.

II.- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y

III.- Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

Art. 104. Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:

I.- De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables para ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado;

I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno;

II.- De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;

III.- De aquellas en que la Federación fuese parte;

IV.- De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

V.- De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro, y

VI.- De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular.

Art. 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I.- De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a).- La Federación y un Estado o el Distrito Federal;

b).- La Federación y un municipio;

c).- El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;

d).- Un Estado y otro;

e).- Un Estado y el Distrito Federal;

f).- El Distrito Federal y un municipio;

g).- Dos municipios de diversos Estados;

h).- Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

i).- Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

j).- Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y

k).- Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.

II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

a).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;

b).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

c).- El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

d).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y

e).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea.

f).-Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro.

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos. III.- De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.

En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta Constitución.

Art. 106. Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o del Distrito Federal, entre los de un Estado y los de otro, o entre los de un Estado y los del Distrito Federal.

Art. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;

II.- La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución.

Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán el desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta.

III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

a).- Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia;

b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y

c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio;

IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo requiera como condición para decretar esa suspensión;

V.- El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes:

a).- En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.

b).- En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal;

c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.

En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y

d).- En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado;

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

VI.- En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse los tribunales colegiados de circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus respectivas resoluciones;

VII.- El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;

VIII.- Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:

a).- Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o por el Jefe del Distrito Federal, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad;

b).- Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución.

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los Tribunales Colegiados de Circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno;

IX.- Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, caso en que serán recurribles ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales;

X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público.

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la interposición del amparo, y en materia civil, mediante fianza que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión ocasionare, la cual quedará sin efecto si la otra parte da contrafianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo, y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;

XI.- La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos directos promovidos ante los Tribunales Colegiados de Circuito y la propia autoridad responsable decidirá al respecto. En todo caso, el agraviado deberá presentar la demanda de amparo ante la propia autoridad responsable, acompañando copias de la demanda para las demás partes en el juicio, incluyendo al Ministerio Público y una para el expediente. En los demás casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito;

XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII.

Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca;

XIII.- Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados Tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el Procurador General de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción, y

XIV.- Salvo lo dispuesto en el párrafo final de la fracción II de este artículo, se decretará el sobreseimiento del amparo o la caducidad de la instancia por inactividad del quejoso o del recurrente, respectivamente, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, en los casos y términos que señale la ley reglamentaria. La caducidad de la instancia dejará firme la sentencia recurrida;

XV.- El Procurador General de la República o el agente del Ministerio Público Federal que al efecto designare, será parte en todos los juicios de amparo; pero podrán abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando el caso de que se trate carezca a su juicio, de interés público;

XVI.- Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los términos primeramente señalados.

Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Suprema Corte de Justicia, una vez que hubiera determinado el incumplimiento o repetición del acto reclamado, podrá disponer de oficio el cumplimiento substituto de las sentencias de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso. Igualmente, el quejoso podrá solicitar ante el órgano que corresponda, el cumplimiento substituto de la sentencia de amparo, siempre que la naturaleza del acto lo permita.

La inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada, en los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo, producirá su caducidad en los términos de la ley reglamentaria.

XVII.- La autoridad responsable será consignada a la autoridad correspondiente, cuando no suspenda el acto reclamado debiendo hacerlo, y cuando admita fianza que resulte ilusoria o insuficiente, siendo, en estos dos últimos casos, solidaria la responsabilidad civil de la autoridad con el que ofreciere la fianza y el que la prestare;

XVIII.- DEROGADA

Los infractores del artículo citado de esta disposición serán consignados inmediatamente a la autoridad competente.

También será consignado a la autoridad o agente de ella, el que, realizada una aprehensión, no pusiere al detenido a disposición de su juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Si la detención se verificare fuera del lugar en que reside el juez, al término mencionado se agregará el suficiente para recorrer la distancia que hubiere entre dicho lugar y en el que se efectuó la detención.”

 

PRESIDENTES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

  • Antecedentes

El primer Supremo Tribunal de Justicia que intentó tener México como Nación independiente fue el que organizó José María Morelos en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 22 de octubre de 1814. Este tribunal trabajó en 1815 en varias ciudades de la Nueva España, siendo instalado en Ario, Michoacán (ahora de Rosales). Tres de los presidentes de este Tribunal fueron José María Sánchez de Arriola, Antonio de Castro y José María Ponce de León.

Al ser consumada la Independencia en septiembre de 1821 regía la Constitución liberal de Cádiz de 1812 y las Audiencias Territoriales de Nueva España y de Nueva Galicia continuaron trabajando con varios magistrados de carrera de origen mexicano e iberoamericano, como Juan José Flores Alatorre, José María Rosas y Muñive, Manuel de la Peña y Peña o el chileno Manuel Elizalde. Los españoles marcharon a su patria, pues el artículo 15 del Plan de Iguala de 24 de febrero de 1821 había previsto: ” Todos los ramos del Estado y empleados públicos subsistirán como en el día y sólo serán removidos los que se opongan a este Plan”

En noviembre de 1823, Pablo de la Llave -Regente de la Audiencia de México- escribió que, no se había instalado el Tribunal Supremo de Justicia -que preveía el Reglamento Provisional del Imperio de Agustín de Iturbide- y sólo había dos audiencias o Tribunales de Segunda Instancia para un inmenso territorio: la de Guadalajara y la de la ciudad de México.

El Proyecto de Acta Constitutiva de la Federación, de 28 de diciembre de 1823, por primera vez usa el término Corte Suprema de Justicia, en vez de Tribunal Supremo que utilizaba la Constitución de Cádiz. Ya establecida la Suprema Corte conforme a la Constitución Federal de octubre de 1824, varios de los magistrados que fueron electos habían sido antes oidores de las audiencias, como Juan Nepomuceno Gómez Navarrete, Juan José Flores Alatorre y Manuel de la Peña y Peña. Principió a trabajar la nueva Corte en marzo de 1825.

En el siglo XIX la corriente conservadora prefirió la expresión “Tribunal Superior de Justicia” en tanto la libertad adoptó el término ” Suprema Corte de Justicia”.

Los presidentes de uno y de otra, fueron vicepresidentes de la República hasta 1882.

 

 

  • Presidentes

Período Antiguo 1825 – 1853

Miguel Domínguez. 1825 a 1827. Originario de México.

Pedro Vélez. También presidente de la República. De 1828 a 1830. Originario de Zacatecas.

Es difícil conocer quiénes fueron presidentes de la Suprema Corte de Justicia entre 1830 y 1838, pues no existen Libros de Actas del Tribunal Pleno sino hasta el año de 1839. Posiblemente lo fueron Juan Bautista Morales, originario de Guanajuato y Juan José Flores Alatorre, originario de Aguascalientes. En estos años ingresó como ministro de la Corte Don Andrés Quintana Roo.

José María Bocanegra. De 1839 a 1841. Originario de Aguascalientes.

Juan Nepomuceno Gómez Navarrete. De 1841 a 1843. Originario de Michoacán.

Pedro Vélez. 1844.

José Antonio Méndez. 1845. Originario de Jalisco.

Pedro Vélez. De enero a abril de 1846.

Manuel de la Peña y Peña. Tomó posesión como presidente de la Suprema Corte de Justicia el 29 de abril de 1846 y terminó, su cargo en 1850. Originario de Tacuba. También presidente de la República en Querétaro, durante la intervención militar norteamericana.

Felipe Sierra. Interino en Querétaro en 1847 y 1848.

Juan Bautista Morales. 1851.

Juan Bautista Ceballos. 1852.

El Fiscal José María Casasola -abogado conservador- en 1847 pidió se reuniera la Corte en Querétaro, para reorganizar al Gobierno mexicano durante la intervención norteamericana. Casasola hizo el pedimento desde Toluca.

La organización de la Suprema Corte no cambió durante las Leyes Centralistas de 1836 y siempre fueron once ministros y un fiscal. Eran electos por las legislaturas de los Estados en 1824 y calificada la elección por la Cámara de Diputados. Los ministros eran inamovibles y letrados. El presidente era electo por los demás ministros anualmente, pudiendo permanecer por tiempo indefinido a discreción del Pleno. También había un vicepresidente de la Corte, que en períodos posteriores desapareció.

La vicepresidencia recaía en el presidente de la Segunda sala, o en el más antiguo, que suplía al presidente de la Corte en sus ausencias.

Los ministros del Alto Tribunal durante el Centralismo eran electos en la misma forma que el Presidente de la República, pero fueron ratificados todos los magistrados que principiaron en 1825. Según las Leyes de 1836 el presidente de la Suprema Corte era electo por los demás ministros cada dos años; era común denominarlos magistrados en vez de ministros.

La Corte tenía tres salas. El presidente de la 1a. sala -de cinco magistrados- lo era de la Corte y las otras dos salas tenían tres cada una.

Último Período de Santa Anna 1853 – 1855

La Suprema Corte cambia su nombre por el de Tribunal Supremo de Justicia.

Presidente del Tribunal Supremo de Justicia: José Ignacio Pavón. El secretario de Justicia de Santa Anna, Teodosio Lares, es también magistrado con licencia y crea la Procuraduría General de la Nación, designando como procurador a Juan Nepomuceno Rodríguez de San Miguel. Son cesados en su cargo los Ministros Juan Bautista Ceballos y Marcelino Castañeda.

El Ejecutivo designa a los magistrados que integran el Tribunal soberanamente. El Tribunal Supremo cambia su naturaleza para ser un Tribunal de Casación -de nulidades en el derecho español- pues es creado el Consejo de Estado para las controversias administrativas, conforme a las ideas del jurista Lares, de influencia francesa.

Tribunal del Plan de Ayutla

Presidente de la Suprema Corte de Justicia: Juan Bautista Morales (1855-1856). Por poco tiempo, Luis de la Rosa en 1856. La ley Juárez sobre administración de justicia de 23 de noviembre de 1855 redujo la Corte a nueve ministros. Es creado el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Territorios para los asuntos comunes de los que antes conocía la Corte. Cada Sala de la Corte tiene tres ministros.

Período de la guerra de Reforma. 1857-1860

a) Gobierno liberal.

La Constitución de 1857 Constitucional entró en vigor el 16 septiembre. Presidente de la Suprema Corte: Benito Juárez, poco después presidente de la República. Los ministros son electos popularmente cada seis años. Son once, más un fiscal y un procurador general. El fiscal es Juan Antonio de la Fuente y el procurador León Guzmán en 1857. La Corte tiene tres salas: la primera con cinco y la segunda y tercera con tres ministros. El presidente de la Suprema Corte sigue siendo vicepresidente de la República. Juárez y una fracción mínima de la Corte se refugió en Veracruz, donde de hecho desapareció el alto Tribunal los tres años de la Guerra de Reforma.

b) Gobierno conservador de la ciudad de México, 1858 a 1860.

Presidente del Tribunal Supremo: José Ignacio Pavón. El fiscal fue José María Casasola.

Otros ministros conservadores: José Urbano Fonseca, Teodosio Lares, Ignacio Aguilar y Marocho, etc. Este tribunal trabajó tres años impartiendo justicia.

La Corte Suprema durante la Intervención y el Imperio

a) Ciudad de México:

José María Aguirre, Interino, 1861.

Antonio Martínez de Castro, fiscal, 1861.

Guillermo Valle, interino, 1861

José María Cortez y Esparza, interino, 1861 y 1862.

Jesús González Ortega, propietario, 1862. González Ortega fue electo por un período que terminaba teóricamente en 1868, o sea, seis años y era vicepresidente de la República, por lo cual podía substituir a Juárez en caso de que éste faltare durante la guerra.

b) San Luis Potosí:

José María Cortez y Esparza, interino, 1863.

c) Saltillo:

Jesús González Ortega, reside en Zacatecas, Chihuahua y viaja a los Estados Unidos. Intenta ser presidente de la República en diciembre de 1864 o diciembre de 1865, para substituir a Juárez.

d) Chihuahua:

Manuel Ruiz, presidente interino de la Corte. También intenta ser presidente de la República en diciembre de 1865, en substitución de Juárez.

Tribunal Supremo de Justicia de la Regencia durante la Intervención Francesa

Presidente: José Ignacio Pavón, 1863.

Otros magistrados: José María Casasola, Teodosio Lares, Juan N. Rodríguez de San Miguel.

Tribunal Supremo del Imperio de Maximiliano de Habsburgo

Presidente: Manuel Fernández de Jáuregui. 1864-1865.

Presidente: Teodosio Lares. 1866-1867.

Restauración de la República 1867 – 1876

Pedro Ogazón, interino, 1867.

Sebastián Lerdo de Tejada, 1868-1872. Constitucional.

José María Iglesias, 1872-1876. Constitucional.

Juan José de la Garza, Pedro Ogazón, Ignacio Ramírez, José María Lozano, Ezequiel Montes,

Juan Simeón Arteaga, Ignacio Manuel Altamirano (1872-1876), Interinos.

Fiscal, Ignacio Manuel Altamirano. León Guzmán, procurador general de la Nación,

Presidentes de la Suprema Corte durante el Porfiriato 1877 a 1910

Ignacio Luis Vallarta, constitucional, 1877-1882.

Ignacio Ramírez, interino: 1877-1879,

Juan M. Vázquez, interino: 1881-1883.

Manuel Alas, interino: 1881.

Miguel Blanco, interino: 1880-1882.

José María Bautista, interino: 1882-1883.

En 1882 el presidente de la Corte cesa de ser vicepresidente de la República y en adelante los presidentes del alto Tribunal son electos cada año, en el Pleno de once ministros. El Pleno es el único órgano de la Corte que conoce del juicio de amparo, pero persisten las tres salas con cinco magistrados la primera. Siguen perteneciendo a la Corte Suprema el fiscal y el procurador general de la Nación, los que le dan fuerza e iniciativa para investigar hechos delictuosos y políticos.

Manuel Alas: 1882-1883.

Guillermo Valle: 1882-1884.

Jesús, M. Vázquez Palacios: 1884-1886.

Prudenciando Dorantes: 1887,1891 y 1897.

Manuel María Contreras: 1886.

Miguel Auza: 1884,1886-1887,1889-1890.

Manuel Saavedra: 1887-1889 y 1891.

Félix Romero: 1890-1891,1893-1895,1899,1902-1905, y 1907-1910.

Francisco Martínez de Arredondo: 1893,1895-1896 y 1898.

Francisco Vaca: 1888 y 1898.

Manuel María de Zamacona: 1898.

José María Lozano: 1892.

Manuel Castilla Portugal: 1892-1893 y 1898.

Eustaquio Buelna: 1892-1894 y 1897-1898.

Eleuterio Ávila: 1884.

Melesio Alcántara: 1886-1888.

José María Aguirre de la Barrera: 1887-1892.

Eduardo Castañeda: 1901-1904.

Silvestre Moreno Cora: 1900.

José Zubieta: 1905-1907.

Manuel García Méndez: 1905-1907 y 1910.

Demetrio Sodi: 1908-1910.

Debe recordarse que en un mismo año podía haber dos presidentes, pues generalmente iniciaban el ejercicio de su función él lo. De junio

En 1900, Porfirio Díaz abolió al fiscal y privó a la Suprema Corte del procurador general de la Nación, el que pasó a formar parte del Ejecutivo. La Corte perdió la fuerza que tenía por las investigaciones y pedimentos del fiscal y el procurador. En el Constituyente de 1917, la iniciativa de Constitución de José Natividad Macías y Luis Manuel Rojas mantuvo en vigor la reforma de 1900, pero para moderar fuertes críticas provenientes de los intelectuales revolucionarios, fueron creadas las facultades de investigación de la Suprema Corte en el artículo 97 fracción III de la Constitución y así lo aprobó el Congreso de Querétaro. Por una parte el alto Tribunal podía llevar a cabo investigaciones independientes del Poder Ejecutivo y, por otra, sus dictámenes le daban cierta supremacía sobre los otros dos poderes.

Presidentes de la Suprema Corte durante la Revolución y la dictadura de Victoriano Huerta

Demetrio Sodi: lo. De junio de 1910 al 51 de mayo de 1911.

Félix Romero: lo. De junio de 1911 al 31 de mayo de 1912.

Francisco Sebastián Carvajal y Gual: lo. De junio de 1912 al 31 de mayo de l913.

Manuel Olivera Toro: lo. De junio de 1913 al 31 de mayo de 1914.

Francisco Sebastián Carvajal y Gual: lo. De junio de 1914 al 31 de mayo de 1915.

Eduardo Castañeda, interino, del 15 de julio de 1914 al 20 de agosto del mismo año.

Carvajal pide licencia en la Suprema Corte y asume la Secretaría de Relaciones Exteriores el 15 de julio de 1914, presenta la renuncia de Victoriano Huerta ante la llamada Segunda XXVI Legislatura de la Cámara de Diputados y minutos después dicha Legislatura lo elige presidente interino de la República. Entonces queda como presidente interino de la Suprema Corte Eduardo Castañeda, del 15 de julio de 1914 al 20 de agosto del mismo año, cuando las puertas del Tribunal fueron cerradas, en la Avenida Juárez, por el Ejército Constitucionalista, que había desconocido al Poder Judicial de la Federación en el Plan de Guadalupe.

Presidentes de la Suprema Corte después de 1917

(Ingresaban él lo. de junio y salían el 31 de mayo del año siguiente)

1917-1919 Enrique M. de los Ríos

1919-1920 Ernesto Garza Pérez

1920-1922 Enrique Moreno

1922-1925 Gustavo A. Vicencio

1923-1924 Francisco Modesto Ramírez

1924-1925 Gustavo A. Vicencio

1925-1927 Manuel Padilla

1927-1928 Francisco Díaz Lombardo

1928-1929 Jesús Guzmán Vaca

A partir de 1929 los presidentes ingresan el lo. de enero y terminan el 31 de diciembre de cada año.

Desde 1868, cuando se principió a practicar el amparo, hasta 1928, el Pleno de la Corte fue el único órgano que lo resolvió.

1929-1933 Julio García

1934 Francisco H. Ruíz

1935-1940 Daniel V. Valencia

1941-1951 Salvador Urbina

En 1951 fueron creados los Tribunales Colegiados de Circuito, compuestos de tres magistrados, los que paulatinamente aumentaron sus atribuciones para resolver juicios de amparo y evitar el rezago en la Suprema Corte.

1952 Roque Estrada

1953 Hilario Medina

1954 José María Ortiz Tirado

1955-1956 Vicente Santos Guajardo

1957 Hilario Medina

1958 Agapito Pozo

1959-1964 Alfonso Guzmán Neyra

1965-1968 Agapito Pozo

1969-1973 Alfonso Guzmán Neyra

1974-1975 Euquerio Guerrero López

1976 Mario G. Rebolledo

1977-1981 Agustín Téllez Cruces

1982 Mario G. Rebolledo

1985-1985 Jorge Iñárritu y Ramírez de Aguilar

1986-1990 Carlos del Río Rodríguez

1991-1994 Ulises Schmill Ordóñez

El Constituyente de 1917 sostuvo que en la Suprema Corte hubiese once ministros inamovibles, selectos por el Congreso de la Unión a propuesta de las Legislaturas de los Estados, que sólo Funcionarían en Pleno. Este Pleno de la Corte designaba a los jueces de Distrito y magistrados de Circuito soberanamente. En 1917, la población de México decaía por la Revolución y era de 14 millones de habitantes, con una economía destruida.

El Pleno trabajó sin Salas de 1917 a 1928. En este año fueron creadas tres Salas con cinco ministros cada una; penal, administrativa y civil, y los ministros fueron designados por el Ejecutivo con aprobación del Senado. En 1934 fue creada una cuarta Sala, la laboral. En 1951, apareció una quinta Sala Auxiliar, para el rezago. El presidente de la Corte dejó de integrar una sala. Así pues, hubo veintiséis ministros en el alto Tribunal, número excesivo para la adecuada atención de los negocios, ya que pertenecían al Pleno veintiuno.

En los últimos años, el trabajo del alto Tribunal principió a ser más administrativo que judicial, pues los jueces y magistrados federales eran cerca de quinientos. De aquí vienen las reformas constitucionales que aparecieron en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1994, que sostienen que la Suprema Corte debe ser ante todo un cuerpo judicial y no administrativo, dejando la tarea de nombrar, remover y supervisar a jueces de Distrito y magistrados de Circuito al Consejo de la Judicatura federal.

El ejercicio del Poder Judicial de la Federación quedó depositado en sus órganos tradicionales: Suprema Corte de Justicia, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Fue creado un quinto órgano: el Consejo de la Judicatura Federal. La Suprema Corte de Justicia -dijo la iniciativa- tiene tres fines esenciales en su tarea: 1. Velar por el equilibrio entre los poderes de la Unión y dirimir las controversias entre el Legislativo y el Ejecutivo; 2. Velar por la Unión de la República, resolviendo los conflictos entre Estados, Municipios, el Distrito Federal y la Federación; 3. Proteger a los individuos para que todo acto de autoridad esté apegado y conforme a la Constitución.

Las reformas de 1994 desearon reorganizar la integración de la Suprema Corte para facilitar sus deliberaciones, al reducir a los ministros a su tradicional número de once y permitir su renovación periódica de acuerdo con los cambios que ocurren en el país. En vez de la inamovilidad hasta los 70 años, tendrán una duración de 15 años independientemente de su edad, para poder contar con ministros de mayor experiencia, ya que ha aumentado el promedio de vida de los mexicanos. Además, se diferenciaron las atribuciones judiciales de las administrativas de la Suprema Corte para facilitar y hacerlas más eficientes.

Las reformas de 1994 no cambiaron la naturaleza y funciones de la Suprema Corte, pues permanece el principio de que sea un tribunal constitucional. La idea principal es su fortalecimiento y conservar los principios esenciales del juicio de amparo.

La Suprema Corte funciona en Pleno y en dos salas. De acuerdo con lo aprobado internamente por el Pleno, la primera conoce de las materias penal y civil; la segunda de los casos administrativos y laborales.

En el año de 1995 el Sr. Ministro José Vicente Aguinaco Alemán es elegido Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y cubre un período de cuatro años, mismo que finaliza el 4 de enero de 1999.

El día 4 de enero de 1999, toma posesión como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el Sr. Ministro Genaro David Góngora Pimentel, quien termina su encargo el 2 de enero del 2003.

El 2 de enero del 2003, toma posesión con Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el Sr. Ministro Mariano Azuela Güitrón.

SEDES

  • Michoacán  

Apenas nace el Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, con cuna en Apatzingán, Michoacán, da vida al Supremo Tribunal de Justicia que evidentemente, resulta ser el antecedente inmediato y directo de nuestra insigne Suprema Corte. Y si bien, este Tribunal, de ninguna manera, tenía las características que en la actualidad posee la Corte, sí resulta ser la estructura de lo que a la postre hoy es la médula sentimental de nuestra casa y hogar de la justicia mexicana. En aquella época, llena de tribulaciones, no se aspiraba a un recinto que llegara con satisfacción en exclusiva las pretensiones de libertad y justicia de la Nación. Gratificante es recordar, las primeras palabras escritas de dicho Decreto del 22 de octubre de 1814, hospedadas en la esencia de nuestra historia:

“El Supremo Congreso Mexicano, deseoso de llenar las heroicas miras de la nación, elevadas nada menos que al sublime objeto de sustraerse para siempre de la dominación extranjera y sustituir al despotismo de la Monarquía Española un sistema de admiración que, reintegrada a la nación misma, en el goce de sus augustos imprescriptibles derechos, la conduzca a la gloria de la Independencia y afiance, sólidamente, la prosperidad de los ciudadanos, decreta la siguiente forma de gobierno, sancionando ante todas las cosas los principios tan sencillos como luminosos en que, solamente, puede cimentarse una Constitución justa y saludable”.

Gloria al insigne mexicano Morelos; al michoacano, quien sentó la base de la libertad y del honor de este pueblo.

El Decreto creó al Supremo Tribunal de Justicia, mismo que residió en Ario, Michoacán, (1815) al ocupar una sencilla casa en esta población. Dicha construcción, enmarcada con la belleza del trabajo artesanal mexicano, estaba cubierto por barro en sus techos, un portal tradicional de los de la época y sencillos labrados de cantera en su fachada. Ahí se ocupó encabezada por el primer presidente de la Corte, Don Mariano Sánchez Arreola; la Institución, y su primer recinto, de poca durabilidad, y cuya vigencia real, hasta podríamos decir que, estuvo en entredicho.

  • Avenida Juárez No. 5 esquina con Revillagigedo 

Mediante un decreto de 9 de junio de 1906, firmado por el General Porfirio Díaz, se dispuso que la casa número 5, de la Avenida Juárez, quedaba destinada al servicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un dato curioso, el saber que fue en esta casa, donde la Corte contó por primera vez con servicio telefónico.

La revolución estalló el 20 de noviembre de 1910, y la Corte fue respetada durante 4 años, hasta que el 14 de mayo de 1914, se clausuraron las oficinas de la Corte, esto, con base en el Plan de Guadalupe, proclamado por Venustiano Carranza, en el que se desconocía a los tres Poderes de la Unión.

Una vez conseguido el orden, mediante la flamante Carta Magna de 1917, se restableció el supremo tribunal, mismo que comenzó a funcionar el primero de junio de 1917, y regresó a su sede en Avenida Juárez y Revillagigedo; pero no por mucho tiempo.

 

 

 

  • El ex-convento de la Enseñanza 

Una vez restaurada la República en 1867, la Suprema Corte ocupó de nuevo su lugar habitual en el interior de Palacio Nacional, pero al poco tiempo el gobierno estableció una serie de reformas en el ramo judicial; una de ellas consistía en dedicar un palacio para que se reuniera la Suprema Corte, el Tribunal Superior del Distrito, los juzgados de lo civil y los juzgados menores; por lo tanto, este palacio, debería ser lo suficientemente amplio y funcional como para dar satisfacción a todas estas necesidades.

El edificio del Ex-Convento de la Enseñanza, ubicado en la que fuera la calle de Cordobanes, hoy, Donceles 104, fue distinguido con el honor de dar albergue a nuestro máximo tribunal.

El conjunto arquitectónico compuesto por el claustro y la iglesia monjil es una verdadera obra de arte, los magníficos retablos, aún conservados nos dan una muestra del fastuoso estilo barroco ultra barroco.

Los muros de este claustro, con sus tres plantas, espaciosos corredores y anchas escaleras fueron testigos, alguna vez, de la plegaria y la meditación religiosa, ¿quién hubiera imaginado en ese entonces que llegaría a ser el principal asiento del derecho en esta nación? La Suprema Corte ocupó este edificio desde 1868 hasta 1906.

Con el correr del tiempo, el edificio se fue deteriorando y la Corte mudó su residencia, en 1906 a otro edificio, pero algunos juzgados de Distrito continuaron en la Enseñanza hasta 1944, año en que lo desalojaron, para dar mayor espacio a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mismo que ocupa el edificio contiguo: el Ex-Colegio de las niñas, marcado con el número 104 de las calles de Donceles.

 

 

  • El Supremo Tribunal en la casa de la Peña y Peña 

Querétaro, ciudad eminentemente colonial, la que al parecer ha tenido en su seno la semilla de la justicia y la libertad por las gestas heroicas que en la misma se han dado; baste recordar que en ellas se dio la cuna de la Constitución Política Mexicana de 1917, primera Constitución Social del siglo XX.

Esta bella ciudad no fue ajena al honor de acoger en aciagos momentos de la historia de México a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Corrían los años de 1846-1848 y con motivo de la invasión norteamericana a México hubo la necesidad de trasladar los Poderes de la Unión a esta insigne ciudad, razón por la cual la Suprema Corte tuvo asiento en la llamada Casa de la Peña y Peña, ubicada en la tercera calle de San Antonio, hoy Hidalgo, número 29.

Una vez terminada la invasión y firmado el Tratado de Guadalupe, y por supuesto, habiéndose logrado la paz, nuestro máximo Tribunal volvió a residir en la Ciudad de México.

Debemos destacar que Don Manuel de la Peña y Peña, en este periodo, tiene el alto honor de ser el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, encargado de la presidencia de la República del 8 de enero de 1948 hasta el 3 de junio del mismo año.

  • Flamencos y Arzobispado 

La segunda edificación que albergó a la entonces llamada Corte Suprema de Justicia, se localiza en la esquina noroeste del actual Palacio Nacional, conocidas como las antiguas calles de Flamencos y Arzobispado. Hoy, la ubicamos en las instalaciones de las oficinas del secretario de Hacienda y Crédito Público en el denominado “Salón de Escudos”, decorado, con esplendidez, por las heráldicas de las entidades federativas de la Unión, de belleza exquisita, cuidadosamente dibujadas en sus muros. En este sentido hay una placa, testimonio de este acontecimiento histórico, insignia de bronce, en la que se lee.

“En este lugar se instaló por primera vez la Corte Suprema de Justicia el 15 de marzo de 1825 instituida por la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.”

  • Gobierno de Benito Juárez 

Durante el Imperio de Maximiliano, el gobierno republicano encabezado por el Presidente Juárez, se vio obligado a abandonar la ciudad de México y a emprender un largo peregrinaje. El último lugar donde tuvo su residencia la Corte, en esa época turbulenta, fue en la ciudad de San Luis Potosí.

Durante su breve estancia en dicha ciudad, el alto tribunal sesionó en el salón del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mismo que probablemente se encontraba en el interior del Palacio de Gobierno, a un costado de la plaza principal.

Los únicos Ministros que la componían en que entonces, eran: Jesús González Ortega (Presidente); Juan José de la Garza (Primer Magistrado propietario); Joaquín Ruiz (Tercer Magistrado propietario); Manuel Ruiz (Sexto Magistrado Supernumerario); y Antonio Florentino Mercado, quien era Procurador.

Fueron estos hombres los que acompañaron a Juárez en su salida hacia Saltillo; pero, en el camino algunos ser fueron rezagando, otros recibieron nombramientos especiales en el extranjero y el Ministro González Ortega ocupó la Gubernatura del estado de Zacatecas. En este período comprendido entre los años de 1863 hasta 1867, la Corte no ejerció sus funciones judiciales. El cargo de presidente de la Suprema Corte siguió en manos de González Ortega, quién después de haber sido derrotado en Zacatecas abandonó el país y fijó su residencia en los Estados Unidos, desde donde entabló una disputa política en la que alegaba su derecho a ocupar la Presidencia de la República, al término del mandato del Presidente Juárez, mismo que debería concluir el 30 de noviembre de 1865, tal y como lo establecía la Constitución de 1857.

Mediante un decreto del 8 de noviembre de 1865, Juárez prorrogó su mandato presidencial en atención a las difíciles circunstancias que se vivían en el país. En ese mismo decreto, Juárez declaraba a González Ortega, responsable del delito de abandono voluntario del cargo y ordenaba que fuera detenido cuando penetrara al territorio nacional.

A partir de éste decreto de 8 de noviembre de 1865, la Corte no existió en lo absoluto, y no fue hasta su reinstalación mediante el decreto número 6057 del 1 de agosto de 1867, que volvió a funcionar, normalmente, con sede en Palacio Nacional.

  • La casa de José Yves Limantour 

Sobre avenida Juárez número 42, existía una casa que perteneció al Señor José Yves Limantour, ministro de Hacienda de Porfirio Díaz y forjador de la estabilidad económica porfiriana.

Dicha casa era el prototipo de la mansión de aquella época, de estilo afrancesado; con salones monumentales, profusamente decorados, candelabros de cristal, patios cubiertos y escalinatas de mármol.

Fue en esta espectacular casa-palacio donde tuvo su hogar la Corte desde 1919 hasta 1941, año en que se inauguró el edificio actual en Pino Suárez número 2.

 

 

  • La ex-casa de Moneda 

Corriendo el año de 1853 la Corte requiere establecerse en la llamada entonces antigua Casa de Moneda, que según se afirma en ese momento se encontraba en pésimas condiciones, siendo muy ilustrativo lo que se narra en la obra editada por el Poder Judicial de la Federación denominada: “La Suprema Corte de Justicia, su Tránsito y su Destino” (páginas 29 y 30) que a la letra dice:

“A) Ciertamente permaneció la Suprema Corte en las susodichas oficinas del Palacio Nacional hasta mayo de 1853, en que siendo por décimo primera ocasión Presidente de la República el Gral. Antonio López de Santa Anna, se vio obligada a mudarse “a la antigua Casa de Moneda, donde se halló en pésima situación”, al respecto, es elocuente el Libro de Actas de las Sesiones de Pleno del Alto Tribunal, relativa al martes 24 de mayo de dicho año (1853), pues refiere que a última hora de ese día y con asistencia de casi todos los señores Ministros, se dio cuenta de un oficio del Ministerio de Hacienda, comunicando que el C. Presidente de la Nación había tenido a bien disponer: “que se traslade esta Suprema Corte al Ministerio referido (que ocupaba precisamente la ex Casa de Moneda), para el viernes próximo…” y por las malas condiciones en que se encontraba dicho edificio, anexo al Palacio, pronto quedó abandonado, utilizándose como bodega para guardar los archivos y biblioteca de la Extinguida Real y Pontificia Universidad de México.

B) ¿A dónde se fue la Suprema Corte, después de permanecer en la Ex-Casa de Moneda tan corto lapso, uno, o dos años tal vez?, no lo sabemos; en dicho inmueble, actual Museo de las Culturas, no encontramos vestigio alguno que recuerde la breve estadía del Alto Tribunal ahí, ni los investigadores sobre la historia de dicho edificio tienen noticia alguna al respecto; lo más probable es que volvió al Palacio Nacional, si bien, ya no a sus locales en la planta principal, del ángulo noroeste del suntuoso edificio, (esquina de la Plaza Mayor y calle de la Moneda), sino otros diversos”.

  • Pino Suárez No. 2 

Historia del edificio de Pino Suárez (La Plaza del Volador)

Antes y ahora

Hace años México sufre una transformación lenta, pero visible. Por todas partes el espíritu moderno modifica lo antiguo. Costumbres, tipos, trajes, monumentos y edificios, cambian por completo la fisonomía secular de los tiempos coloniales.

Las costumbres de nuestros antepasados, mitad españolas, mitad criollas, desaparecen sustituidas por una mezcla de europeas, y ahora en una misma casa se reza a la antigua, se viste a la francesa y se come a la italiana; se monta a caballo o en coche a la inglesa, y se trata a la gente a lo yankee para no perder el tiempo.

Las fuentes de agua, aquellas viejas fuentes de la época colonial, se han cambiado por llaves o surtidores en cada esquina, y el tipo legendario del aguador se eclipsó triste, melancólico y meditabundo bajo su carga acuática, para refugiarse allá en los barrios en donde se proyectan las sombras de la luz eléctrica y en donde el precioso líquido no sube por si sólo, sino cuando el cielo le place inundar las calles y callejas.

La China ha muerto para vivir en los bellísimos romances del popular Fidel; la chiera cede su alegre y pintoresco puesto de aguas frescas, a la cursi señorita que calza alto tacón y ciñe apretado corsé, para brindarnos bebidas refrigerantes en vasos de fino cristal; el sereno con su sombrero de luciente charol, su escalera al hombro y su linterna en la diestra, retirase avergonzado delante del gendarme o técnico, y así otros tipos que ahora únicamente encontrará el curioso en las litografías de olvidados libros.

¿Quién recuerda los hábitos de los humildes frailes que atravesaban la ciudad en medio de los respetuosos saludos de los creyentes?

Los coches de sopandas, las calesas, los ómnibus; todo se va, todo se olvida con el trajín ruidoso de los carruajes ingleses o americanos, el tranvía que se desliza rápido por acerados rieles y los autos y camiones cotidianos asesinos de los buenos habitantes de la ciudad.

México se transforma, principalmente en su parte material. Las casas viejas se derrumban diariamente, las fachadas cambian y los techos de madera sustituyen con láminas de hierro.

Las calles se prolongan, y sus recuerdos históricos y tradicionales se relegan a los versos de nuestros poetas.

La ciudad nacida entre escombros de la heroica Tenochtitlán, la ciudad capital del virreinato de Nueva España, que en cada calle tenía una capilla o un templo, o el retablo siquiera de un santo, muestras devotas de la piedad de los moradores, ahora se rejuvenece, destinando edificios consagrados a determinado objeto, a servir a otros muy distintos, desde la época de la Reforma.

Lo que fue una iglesia es ahora una biblioteca; lo que fue un convento, un cuartel; lo que fue una aduana, un Ministerio; un corredor se hace galería; un patio almacén, un refectorio caballeriza.

Antes de que desaparezca por completo esta fisonomía especial de aquellos tiempos, antes de que la barrería derrumbe las últimas fachadas, antes de que el andamio se levante frente a las casas que se desploman, y antes, en fin, de que oigamos al cantero, indiferente a todo, cantar o silbar, a la vez que labra el tesón la nueva piedra que cambiará el aspecto de lo que vieron nuestros antepasados, venimos a evocar sucesos, fechas y costumbres que pasaron, para que las futuras generaciones no tengan que excavar entre las ruinas del olvido.

El asunto no carece de interés: el sitio es histórico como otros muchos. Un juego azteca que le dio el nombre popular a la plaza; las corridas de toros celebradas durante el coloniaje; los autos de fe del Santo Oficio; el mercado primitivo; los incendios que reflejaron sus devoradoras llamas en los muros del Palacio, de la ex Universidad y de la iglesia de Porta Coeli; el antiguo canal que lo limitaba hacia el Norte; la estatua de Santa-Anna y otros pormenores, son los que primero exhumará el cronista, para hablar, por último, de la nueva construcción, que como imagen del presente, nos oculta allá atrás mucho del pasado.

Estamos seguros que no carecerá de interés esta excursión por tiempos viejos, para asistir a una fiesta primitiva en la que nos daremos cuenta de cómo era el juego del volador; oiremos las francas y alegres risas de los estudiantes de la Universidad; veremos atravesar las canoas casi hundidas en las aguas del canal por el peso de las frutas y de la verdura; presenciaremos desde uno de los balcones de Palacio, en la grata compañía de la virreina, las lides de toros y las corridas de liebres, o escucharemos con paciencia la lectura interminable de cien causas formadas a brujas, luteranos, judaizantes y blasfemos, por el muy Santo Tribunal de la Inquisición.

Y por último, iremos a los mercados, nos mezclaremos entre la multitud, soportaremos tranquilos los gritos de las verduleras, el regateo fastidioso de los compradores, para volver cansados a la casa, cerrar los ojos, y figurarnos con la imaginación lo que será en lo provenir ese edificio que surgía ahí, entre el viejo fortín del Palacio y las vetustas casas de la esquina de la calle de Flamencos, hoy Pino Suárez.

 

 

  • La Suprema Corte en Pino Suárez No. 2

El 23 de febrero de 1936, en sencilla ceremonia, el general de División Lázaro Cárdenas, a la sazón presidente de la República Mexicana, colocó la primera piedra del edificio de la Suprema Corte de Justicia, construido sobre los terrenos de la Plaza del Volador. La planta del edificio tiene forma rectangular, con superficie total de 7,828.08 metros cuadrados. La magna obra fue sometida a concurso. El proyecto ganador fue labor del arquitecto Antonio Muñoz García, y su costo de cinco millones quinientos mil pesos.

La construcción fue realizada en su totalidad durante el sexenio del general Cárdenas siendo presidente del alto Tribunal el Ministro Daniel V. Valencia, a quien debe reconocérsele el empeño en las gestiones para conseguir el financiamiento de la obra. El 2 de junio de 1941, el general de División Manuel Ávila Camacho, entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos, inauguró, solemnemente, la sede de la Suprema Corte de Justicia. El Ministro Salvador Urbina, fungía como presidente del alto Cuerpo Colegiado.

De acuerdo con los prestigiados conocedores de la arquitectura mexicana contemporánea, el edificio corresponde a una etapa de transición, que a pesar de la gran sencillez de formas geométricas que presentan tanto los enfrontes exteriores, cuanto las fachadas interiores del inmueble, ofrecen reminiscencias tradicionales en los detalles de su exornación pétrea que enriquecen considerablemente el conjunto. Se pretende explicar que el autor de la severa composición, trató de identificarla con el carácter del alto Tribunal, máximo intérprete de nuestra Constitución.

La estructura del edificio es de acero y concreto armado; el recubrimiento e interior de recinto y cantera.

Está conformado por patios interiores, dos principales y dos secundarios, delimitados los primeros corredores abiertos, circundados por enormes arcos de medio punto. La circulación horizontal se hace a través de amplios pasillos, que en cada planta recorren el edificio de norte a sur y de oriente a poniente; la circulación vertical se desarrolla por medio de majestuosas escaleras ubicadas en los cuatro ángulos del edificio.

La fachada secundaria presenta en la planta baja una galería de nueve arcos de medio punto y en el último nivel un balcón ceremonial, de menor relevancia que el de la presidencia; en su centro se aprecia, fundido en bronce, el Escudo Nacional con la leyenda: “Tribunales Federales”.

La fachada principal está dividida en cuatro secciones horizontales perfectamente definidas en la que se aprecian numerosas vanos.

En la parte central se distingue la escalera de acceso al edificio, enmarcada por un pórtico con dintel de platabanda sobresaliente y sobre éste, un balcón ceremonial protegido con balaustrada que ostenta el escudo Nacional y la leyenda: “Suprema Corte de Justicia”.

La entrada está franqueada por una enorme puerta de bronce pulido cuyo peso es de tres toneladas y media; en ella se aprecian cuatro fajas simétricas con figuras de alto relieve que aluden a cuatro etapas trascendentales de la historia de México: La Evangelización durante el siglo XVI; La República Federalista (1824); La reforma; y México Moderno e Institucional.

El estilo artístico de esta sobria y elegante puerta, obra del escultor Ernesto Tamariz, corresponde al Art Deco. Balcón y pórtico quedan enmarcados por un gran alfiz Mudéjar.

 

 

 

REQUISITOS PARA SER MINISTRO 

¿Qué requisitos son necesarios para ser ministro?

El cargo de ministro es el más alto dentro del Poder Judicial de la Federación. Para acceder a éste, es necesario que se cumplan, entre otros, los siguientes requisitos:

•Ser ciudadano mexicano por nacimiento.

•Tener por lo menos 35 años cumplidos al momento de la designación.

•Contar con el título de licenciado en derecho, con por lo menos 10 años de antigüedad.

•Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, o por cualquier otro delito con pena de más de un año de prisión.

•No haber sido Secretario de Estado, Jefe de Departamento Administrativo, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, Senador, Diputado Federal ni Gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

La Constitución señala que los nombramientos de los ministros deberán recaer, preferentemente, entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad.

Art. 95.- Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III.- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

V.- Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y

VI.- No haber sido secretario de estado, jefe de departamento administrativo, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR MINISTRO

Para la elección de los ministros la Constitución establece el siguiente procedimiento:

1. El Presidente de la República forma una terna de candidatos.

2. Las propuestas del Ejecutivo se someten a la consideración de la Cámara de Senadores.

3. Cada uno de los aspirantes comparece ante el Senado.

4. La Cámara de Senadores tiene 30 días para emitir su veredicto, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros.

5. Si el Senado no resuelve dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

6. En caso de que la Cámara rechace la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente

ARTICULO 96. PARA NOMBRAR A LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SOMETERA UNA TERNA A CONSIDERACION DEL SENADO, EL CUAL, PREVIA COMPARECENCIA DE LAS PERSONAS PROPUESTAS, DESIGNARA AL MINISTRO QUE DEBA CUBRIR LA VACANTE. LA DESIGNACION SE HARA POR EL VOTO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS DEL SENADO PRESENTES, DENTRO DEL IMPRORROGABLE PLAZO DE TREINTA DIAS. SI EL SENADO NO RESOLVIERE DENTRO DE DICHO PLAZO, OCUPARA EL CARGO DE MINISTRO LA PERSONA QUE, DENTRO DE DICHA TERNA, DESIGNE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

(REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994)

EN CASO DE QUE LA CAMARA DE SENADORES RECHACE LA TOTALIDAD DE LA TERNA PROPUESTA, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SOMETERA UNA NUEVA, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR. SI ESTA SEGUNDA TERNA FUERA RECHAZADA, OCUPARA EL CARGO LA PERSONA QUE DENTRO DE DICHA TERNA, DESIGNE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

(REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994)

 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES

Atribuciones de las Salas

Fragmentos recopilados de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 22 de noviembre de 1996.

ARTICULO 21. Corresponde conocer a las Salas:

I. De los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los jueces de distrito en aquellas controversias ordinarias en que la Federación sea parte, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Del recurso de revisión en amparo contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito, en los siguientes casos:

a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o si en la sentencia se establece la interpretación directa de un precepto de la misma en estas materias, y

b) Cuando se ejercite la facultad de atracción contenida en el segundo párrafo del inciso b) de la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer de un amparo en revisión que por su interés y trascendencia así lo amerite;

III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito:

a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional; y

b) De los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten en uso de la facultad de atracción prevista en el segundo párrafo del inciso d) de la fracción V del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Del recurso de queja interpuesto en los casos a que se refieren las fracciones V, VII, VIII, IX del artículo 95 de la Ley de Amparo, siempre que el conocimiento del amparo en que la queja se haga valer sea competencia de una de las Salas, directamente o en revisión, en los términos del artículo 99, párrafo segundo, de la misma ley;

V. Del recurso de reclamación contra los acuerdos de trámite dictados por su presidente;

VI. De las controversias que por razón de competencia se susciten entre los tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o del Distrito Federal, entre los de un Estado y los de otro, entre los de un Estado y los del Distrito Federal, entre cualquiera de éstos y los militares; aquellas que le correspondan a la Suprema Corte de Justicia de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, así como las que se susciten entre las juntas de conciliación y arbitraje, o las autoridades judiciales, y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje;

VII. De las controversias que por razón de competencia se susciten entre tribunales colegiados de circuito; entre un juez de distrito y el tribunal superior de un Estado o del Distrito Federal, entre tribunales superiores de distintos Estados, o entre el tribunal superior de un Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en los juicios de amparo a que se refieren los artículos 51, fracciones I y II, 52, fracción I, 53, fracciones I a VI, 54, fracción I y 55, de esta Ley;

VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más tribunales colegiados de circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IX. De las controversias que se susciten con motivo de los convenios a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 119 Constitucional;

X. Del reconocimiento de inocencia, y

XI. Las demás que expresamente les encomiende la ley.

ARTICULO 22. En términos de los acuerdos generales expedidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, las Salas podrán remitir para su resolución a los tribunales colegiados de circuito los amparos en revisión ante ellas promovidos, siempre que respecto de los mismos se hubiere establecido jurisprudencia. En los casos en que un tribunal colegiado de circuito estime que un asunto debe resolverse por el Pleno o por una Sala, lo hará del conocimiento de los mismos para que determinen lo que corresponda.”

La Primera Sala conoce de los asuntos civiles y penales. La Segunda Sala conoce de los asuntos administrativos y laborales.

 

COMO SE COMPONE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Fragmentos recopilados de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 22 de noviembre de 1996.

“ARTICULO 15. La Suprema Corte de Justicia contará con dos Salas, las cuales se compondrán de cinco ministros, bastando la presencia de cuatro para funcionar.

ARTICULO 16. Durante los períodos a que se refiere el artículo 3o. de esta ley, las sesiones y audiencias de las Salas se celebrarán en los días y horas que las mismas determinen mediante acuerdos generales. Las sesiones de las Salas serán públicas y, por excepción, privadas en los casos en que a su juicio así lo exija la moral o el interés público.

ARTICULO 17. Las resoluciones de las Salas se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los ministros presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal o cuando no hayan estado presentes en la discusión del asunto de que se trate.

Si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se obtuviere mayoría, el presidente de la Sala lo turnará a un nuevo ministro para que formule un proyecto de resolución que tome en cuenta las exposiciones hechas durante las discusiones.

Si a pesar de lo previsto en el párrafo anterior, no se obtuviere mayoría al votarse el asunto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia nombrará por turno a un integrante de otra Sala para que asista a la sesión correspondiente a emitir su voto. Cuando con la intervención de dicho ministro tampoco hubiere mayoría, el presidente de la Sala tendrá voto de calidad.

El ministro que disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará en la ejecutoria respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo.

ARTICULO 18. La Sala respectiva calificará las excusas e impedimentos de sus integrantes. Si con motivo de la excusa o calificación del impedimento el asunto o asuntos de que se trate no pudieren ser resueltos dentro de un plazo máximo de diez días, se pedirá al presidente de la Suprema Corte de Justicia que designe por turno a un ministro a fin de que concurra a la correspondiente sesión de Sala.

ARTICULO 19. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia tendrán la facultad a que se refiere la fracción XVII del artículo 11 de esta ley, siempre que las promociones se hubieren hecho ante ellas.

ARTICULO 20. Cada Sala designará, a propuesta de su presidente, a un secretario de acuerdos y a un subsecretario de acuerdos.

Cada Sala nombrará a los secretarios auxiliares de acuerdos, actuarios y personal subalterno que fije el presupuesto, y resolverá lo relativo a las licencias, remociones, suspensiones y renuncias de todos ellos.

El secretario de acuerdos, el subsecretario de acuerdos, los secretarios auxiliares de acuerdos y los actuarios deberán ser licenciados en derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año; el subsecretario de acuerdos deberá tener, además, por lo menos tres años de práctica profesional, y el secretario de acuerdos, cuatro años.”

PLENO

DE SU INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 4o. El Pleno se compondrá de once ministros, pero bastará la presencia de siete miembros para que pueda funcionar, con excepción de los casos previstos en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I penúltimo párrafo y fracción II, en los que se requerirá la presencia de al menos ocho ministros.

Artículo 5o. Las sesiones ordinarias de la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno se celebrarán dentro de los períodos a que alude el artículo 3o. de esta ley, en los días y horas que el mismo fije mediante acuerdos generales.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia podrá sesionar de manera extraordinaria, aún en los períodos de receso, a solicitud de cualquiera de sus miembros. La solicitud deberá ser presentada al Presidente de la Suprema Corte de Justicia a fin de que emita la convocatoria correspondiente.

Artículo 6o. Las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cuando se refieran a los asuntos previstos en el artículo 10, serán públicas por regla general y privadas cuando así lo disponga el propio Pleno.

Las sesiones que tengan por objeto tratar los asuntos previstos en el artículo 11 serán privadas.

Artículo 7o. Las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia se tomarán por unanimidad o mayoría de votos, salvo los casos previstos en el artículo 105 de la Constitución, fracción I, penúltimo párrafo y fracción II, en los que se requerirá una mayoría de ocho votos de los Ministros presentes. En los casos previstos en el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 105 Constitucional, las decisiones podrán ser tomadas por mayoría simple de los miembros presentes, pero para que tenga efectos generales, deberán ser aprobados por una mayoría de cuando menos ocho votos.

Los Ministros sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal o no hayan estado presentes en la discusión del asunto.

En caso de empate, el asunto se resolverá en la siguiente sesión, para la que se convocará a los ministros que no estuvieren legalmente impedidos; si en esta sesión tampoco se obtuviere mayoría, se desechará el proyecto y el presidente de la Suprema Corte de Justicia designará a otro ministro para que, teniendo en cuenta las opiniones vertidas, formule un nuevo proyecto. Si en dicha sesión persistiera el empate, el presidente tendrá voto de calidad.

Siempre que un ministro disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará al final de la ejecutoria respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo.

Artículo 8o. Los ministros durarán quince años en su cargo, salvo que sobrevenga incapacidad física o mental permanente.

Artículo 9o. El Pleno de la Suprema Corte nombrará, a propuesta de su presidente, a un secretario general de acuerdos y a un subsecretario general de acuerdos.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia designará a los secretarios auxiliares de acuerdos y a los actuarios que fueren necesarios para el despacho de los asuntos de la Suprema Corte de Justicia, así como el personal subalterno que fije el presupuesto.

Los secretarios de estudio y cuenta serán designados por los correspondientes ministros, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 115 de esta ley.

El secretario general de acuerdos, el subsecretario general de acuerdos, los secretarios auxiliares de acuerdos, los secretarios de estudio y cuenta y los actuarios, deberán ser licenciados en derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año; el subsecretario y los secretarios de estudio y cuenta, así como el secretario general de acuerdos, deberán tener, además, por lo menos tres y cinco años de práctica profesional, respectivamente, preferentemente en el Poder Judicial de la Federación.

 

Muere el ministro Gudiño Pelayo

El deceso del ministro dejó un hueco importante en el ala liberal y garantista del máximo tribunal del país. Y de esta maneta se abrió la posibilidad de que se reconfigure el rostro de la Corte, que de momento operará sólo con 10 ministros. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José de Jesús Gudiño Pelayo, falleció ayer a los 67 años de edad, mientras se encontraba de vacaciones en la ciudad de Londres, Inglaterra, a causa de un infarto.

El deceso del ministro Gudiño Pelayo dejó un hueco importante en el ala liberal y garantista del máximo tribunal del país. Y de esta maneta se abrió la posibilidad de que se reconfigure el rostro de la Corte, que de momento operará sólo con 10 ministros.

En el actual escenario que se vive en el alto tribunal, donde hay votaciones muy divididas y cerradas, un solo voto, el del nuevo ministro que llegue a sustituirlo, puede definir el rumbo de los asuntos más importantes del país.

Pero también el destino del máximo tribunal del país en los próximos años, porque quien llegue a ocupar el lugar que quedó vacante con la muerte del ministro Gudiño, también influirá en la designación del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero del próximo año.

En particular porque el ministro Gudiño apoyaba las aspiraciones de su compañero, José Ramón Cossío Díaz, para llegar al máximo sitial del Poder Judicial de la Federación.

José de Jesús Gudiño Pelayo formaba parte de los ministros con carrera judicial que llegaron a la Suprema Corte de Justicia tras la reforma del año 1994, que modificó la estructura y funciones del alto tribunal.

Gudiño había sido electo para desempeñarse en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2015. La Corte informó que falleció ayer mientras se encontraba de vacaciones. El ministro se había quedado en la Comisión de Receso, en julio pasado, por lo que su periodo de vacaciones lo había pospuesto para estas fechas.

De momento la Corte se limitó a informar que la embajada de México en el Reino Unido, a cargo de Eduardo Medina Mora, se ha encargado de apoyar a los familiares del ministro en todos los trámites necesarios para trasladar su cuerpo a México.

Gudiño es el segundo ministro de la nueva generación que llegó a formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras la reforma del 94, que fallece antes de culminar su encargo.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, lamentó el sensible fallecimiento del ministro Gudiño.

También los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) enviaron sus más sentidas condolencias a su familia.

 

Muere en Londres el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José de Jesús Gudiño Pelayo, de 67 años de edad, murió ayer víctima de un infarto en la ciudad de Londres, Inglaterra, cuando se encontraba de vacaciones. Durante su trayectoria en el Poder Judicial el juzgador se distinguió por mantener una postura en favor de los derechos individuales.

Gudiño Pelayo, quien terminaría su periodo como integrante del máximo tribunal el 30 de noviembre de 2015, fue intervenido del corazón en 2007, cuando fue hospitalizado y requirió de un largo tiempo de recuperación. Posteriormente se reintegró de lleno a su trabajo e incluso aceptó la presidencia de la primera sala de la SCJN, la cual ocupaba al momento de su muerte.

El juzgador, nacido en Autlán, Jalisco, el 6 de junio de 1943, estudió la licenciatura en derecho en la Universidad Iberoamericana y a lo largo de los 15 años que estuvo en la Suprema Corte mantuvo una postura en favor de descentralizar el sistema de justicia y hacer más eficiente el juicio de amparo, otorgando mayores prerrogativas a los tribunales locales para que los juicios que llegaran a las instancias federales fueran únicamente los más trascedentes.

Gudiño, junto con el entonces ministro Genaro David Góngora Pimentel, se distinguió porque en 1995 solicitó al pleno de la Corte que hiciera suya la petición de organismos defensores de derechos humanos para que el pleno investigara la matanza de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de ese año en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero.

En aquella ocasión, el pleno desechó su petición. Los ministros no accedieron a investigar los hechos hasta que el presidente Ernesto Zedillo lo solicitó a la Corte de manera formal.

Durante sus primeros años de ministro, Gudiño Pelayo criticó la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por considerarla inconstitucional. En un libro titulado El Estado contra sí mismo, Gudiño planteó que el funcionamiento de la CNDH era incompatible con el régimen constitucional, en razón de que era el Poder Judicial Federal el encargado de proteger las garantías constitucionales y no la comisión.

Sin embargo, cuando el pleno de la Corte analizó la facultad que reclamaba la CNDH para requerir a la Procuraduría General de la República (PGR) información sobre averiguaciones previas en curso, Gudiño formó parte de la minoría que apoyó la petición del ombudsman.

Posteriormente, el voto del ministro fue fundamental para que la Corte avalara, en marzo de 2009, la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal.

Su razonamiento jurídico fue clave para lograr que los ministros que estaban reacios a aceptar el aborto, por razones de protección al derecho a la vida, avalaran la reforma capitalina.

Sostuvo que, más allá de diversas interpretaciones, la Corte tenía que respetar la facultad de las entidades del país para determinar la forma de sancionar o no los delitos del orden común, como era el caso de la interrupción del embarazo.

Gudiño mantuvo una postura similar en el caso de la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que estas parejas puedan adoptar en la capital.

Como presidente de la primera sala, Gudiño Pelayo apoyó la liberación de los indígenas presos por la matanza de Acteal, con el argumento de que había sido violado “el debido proceso” de los acusados, en razón de que la PGR les fabricó pruebas y culpabilidades.

En esa misma línea apoyó la liberación de los presos de San Salvador Atenco, aunque en el caso de Ignacio del Valle Espinosa, Felipe Álvarez Medina y Héctor Galindo, presos en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, se opuso a concederles el amparo “liso y llano”, por considerar que eran responsables del delito de secuestro equiparado.

La SCJN informó en un comunicado que Gudiño había formado parte de la Comisión de Receso de la Corte durante el periodo vacacional de verano y que, por ello, se encontraba de descanso en Londres al momento de su muerte.

Fuentes oficiales indicaron que el ministro murió en el hotel en que se hospedaba –no dieron a conocer el nombre– y que el cuerpo será trasladado a México después de la necropsia de ley, que se realizará en la capital londinense. Hasta el momento se desconoce cuándo regresarán sus restos al país y la fecha en que se realizará un homenaje de cuerpo presente en la sede de la Suprema Corte.

Corresponde al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, enviar al Senado una terna de candidatos a ocupar el cargo que quedó vacante en la SCJN. Se prevé que la designación del sucesor sea por un periodo de 15 años, y no por los cinco que le quedaban como integrante del máximo tribunal.

Gudiño inició su trayectoria laboral en el Poder Judicial de la Federación como secretario de estudio y cuenta de la SCJN; fue juez de distrito en Hermosillo, Tampico y Mexicali, así como magistrado de circuito en el segundo tribunal colegiado del séptimo circuito con residencia en Veracruz, Veracruz; en el primer tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito con residencia en Guadalajara, Jalisco, y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la primera generación que fue producto de la reforma constitucional de 1994.

Al cierre de esta edición, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, expresó por medio de un boletín de prensa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento del ministro de la Corte José de Jesús Gudiño Pelayo.

 

Biografía del Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo

Nació en Autlán, Jalisco, el 6 de junio de 1943.

Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana de México, Distrito Federal, y obtuvo el título respectivo el 24 de enero de 1972 con la tesis El concepto de propiedad ejidal a la luz del derecho natural.

Trayectoria laboral en el Poder Judicial de la Federación: Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la Primera Sala. Juez Primero de Distrito en el estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Hermosillo. Juez Primero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en la ciudad de Tampico. Juez Primero de Distrito en el estado de Baja California con residencia en la ciudad de Mexicali. Magistrado de Circuito adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, con residencia en la ciudad de Veracruz, Ver. Magistrado de Circuito, adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jal. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otros estudios profesionales: Estudios de Administración Pública, en la Escuela Nacional de Administración Local, Madrid, y en la Escuela Nacional de Administración Pública de Alcalá de Henares, España. Concluyó la Maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana con la tesis El amparo mexicano. Problemas fundamentales, el 24 de agosto de 1990.

Trabajos publicados: Los libros: Problemas fundamentales del amparo mexicano; Introducción al amparo mexicano; El Estado contra sí mismo. Las comisiones gubernamentales de Derechos Humanos y la deslegitimación de lo estatal; Controversia sobre controversia. Discusión en torno al alcance de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en controversias constitucionales; La justicia federal al final del milenio; Ingeniería judicial y reforma del Estado. Preocupaciones, inquietudes, esperanzas…; La improcedencia y el sobreseimiento en la controversia constitucional; La contradicción de criterios judiciales en el derecho angloamericano y en el mexicano. Una posible explicación a la distinta perspectiva con que se aborda, y Disensos y coincidencias, así como diversos artículos y conferencias.

Actividad docente: Ha impartido la cátedra de Juicio de Amparo en diversas universidades: Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Mexicali; Centro de Estudios Universitarios Cristóbal Colón, Veracruz, Ver.; Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Guadalajara, Jal.; Universidad de Guadalajara; Universidad Panamericana, sede Guadalajara; Universidad Panamericana, sede México; Universidad Autónoma de Tlaxcala, División de Estudios de Posgrado; Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Iberoamericana, Plantel Santa Fe.

Reconocimientos: Ha sido merecedor de los siguientes premios: Presea Tepantlato al Mérito de la Investigación Académica, otorgado por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Aragón, en octubre de 2000; Premio Miguel Villoro Toranzo, concedido por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Plantel Santa Fe, en enero de 2002; Reconocimiento por su contribución al estudio del Derecho y la impartición de justicia, otorgado por la Barra de Abogados México-Texas (Texas-Mexico Bar Association), en Monterrey, Nuevo León, en octubre de 2002; en el marco del Programa Nacional de Reconocimiento a Profesores de las Universidades Públicas de la Nación con obra escrita, le fue otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor y la Facultad de Derecho de la UNAM, en agosto de 2005.

 

PROCESO PARA SUSTITUIR A JOSE DE JESUS GUDIÑO PELAYO

La terna para sustituir al fallecido ministro Gudiño Pelayo podrían darse a conocer hasta enero

29 Octubre, 2010

MEXICO, DF.- Debido a que no existe un plazo para que el presidente Felipe Calderón envíe la terna al Senado de la República con los candidatos a sustituir al ministro Jesús Gudiño Pelayo, quien falleció el pasado 19 de septiembre, se prevé que los nombres se den a conocer después de la elección del presidente del Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Hasta el momento, en el Poder Judicial de la Federación todavía existe la expectativa de quienes serán los considerados para ocupar el cargo del ministro fallecido y cuántos de ellos serán de carrera judicial, pero la constante es que pudiera ser que la terna se diera hasta enero, cuando la Corte haya elegido un nuevo presidente.

Funcionarios judiciales consideraron que los nombres de los candidatos que comparecerán ante el Senado de la República podrían darse a conocer el próximo mes, toda vez que los legisladores tienen un plazo de 30 días para designarlo y podría ser que se eligiera antes de diciembre para poder votar en las elecciones para presidente.

Sin embargo, no descartaron que la terna se envíe a inicios del 2011, ya que se encuentre en funciones el nuevo presidente de la Corte, quien sustituirá a Guillermo Ortiz Mayagoitia, dada la incertidumbre que también se observa en ese proceso, opinaron.

Respecto a la elección del nuevo presidente del alto tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ninguno de los ministros ha hecho evidente su intención de estar al frente del Poder Judicial de la Federación, aunque hay algunos, como Sergio Valls Hernández, que desde hace un año ha confiado a algunos funcionarios su interés por postularse.

Los interesados esperarán hasta los primeros cinco días de diciembre, previo a la conclusión del presidente en funciones, que es cuando el reglamento interior de la Corte lo establece, para presentar a sus compañeros su propuesta con las líneas generales conforme a las cuales desarrollarán esta función.

En los pasillos de la Corte se escucha que la balanza está a favor de Juan Silva Meza, que luego de la dimisión de Ramón Cossío para contender en esta elección, sería un fuerte candidato de los considerados de tendencia “progresista”, aunque Olga Sánchez Cordero también ha expresado sus deseos de ser la primera mujer que ocupe la presidencia de la Corte.

Rechaza Senado terna de Calderón para la SCJN

(PROCESO  14- DIC-2010)

MÉXICO, D.F., 14 de diciembre (aprox.).- Ante la inamovilidad de la bancada del PAN en el Senado, la terna de tres candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue regresada al Ejecutivo federal, ya que ninguna de las aspirantes obtuvo los votos necesarios –las dos terceras partes– para ser electa, tras dos rondas de votación, donde participaron 123 de 128 senadores.

La magistrada Mónica López Benítez López quedó a ocho votos de lograr la mayoría calificada, al obtener finalmente 74 sufragios a favor en la segunda ronda. La magistrada Elvia Rosas Díaz de León obtuvo 48 votos en las dos rondas de votación, todos provenientes de la bancada del PAN. Y la tercera candidata, Andrea Zambrano disminuyó de dos votos a cero.

La bancada del PAN, coordinada por José González Morfín, decidió en la plenaria, antes de la sesión, apoyar a Díaz de León, considerada la “candidata ideal” del presidente Felipe Calderón. Esta situación provocó que los panistas se quedaran solos frente al bloque de legisladores del PRI, PRD, PT, Convergencia, Nueva Alianza y Partido Verde que apoyaron a López Benítez.

Los panistas argumentaron en su reunión interna que ellos necesitan en la SCJN un ministro o ministra que defienda los principios del PAN, por lo que insistieron en unificar fuerzas en torno a Díaz de León, identificada con una corriente conservadora que está en contra de la despenalización del aborto y de los matrimonios de personas del mismo sexo.

Díaz de León es la segunda vez que participa en un proceso de selección de ministro de la Suprema Corte. En 2003 estuvo en el proceso en el que quedó finalmente la ministra Margarita Luna Ramos. Díaz de León se quedó en la recta final y no obtuvo los votos necesarios.

En la sesión en el Senado, después de la primera ronda de votación, los legisladores Pablo Gómez y Ricardo Monreal, del PRD y del PT, subieron a tribuna y coincidieron en que el PAN debería modificar su posición para destrabar la falta de acuerdo político, e insistieron que las tres candidatas fueron propuestas por Calderón, presidente de origen panista.

“No rechacemos una terna de tres mujeres, no desconozcamos que el autor de la terna es un dirigente de Acción Nacional. La voluntad política del PAN debe resolver este problema”, argumentó Pablo Gómez.

Por su parte, Ricardo Monreal insistió que todas las bancadas, con excepción del PAN, no apoyó a Lilia Mónica López Benítez. “Corremos el riesgo de que nos envíen tres candidatos menos buenos”, advirtió.

Antes de la votación, el líder de la bancada del PRI y presidente de la Mesa Directiva, Manlio Fabio Beltrones afirmó que confiaban en que “la terna sea una terna de tres y no una terna de uno, y que cualquiera de las tres podría ser electa, por lo cual, sobre todo la votación del partido político en el gobierno debería mostrar enorme congruencia”.

Por su  parte, el senador priista Pedro Joaquín Coldwell, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que su partido no quería “una Suprema Corte de Justicia de la Nación anclada en el siglo XIX”, en clara referencia a las posiciones conservadoras de la candidata apoyada por el PAN.

“Queremos una Corte que esté asentada en el siglo XXI, alejada de cualquier dogma ideológico o cualquier tipo de prejuicio de índole social; una Corte que defienda los valores que están contenidos en nuestra Constitución, particularmente el valor que distingue a la Constitución mexicana desde sus orígenes, que es el valor de la inclusión social, de la igualdad de todos ante la ley”, abundó Joaquín Coldwell.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 96 de la Constitución, el Ejecutivo federal debe enviar una nueva terna al Senado. Sin embargo, no queda claro si debe ser completamente diferente o puede mantenerse alguna de las candidatas.

Si el Senado llegara a rechazar la segunda terna enviada por el Ejecutivo, éste designaría directamente a la ministra o ministro que ocupe el lugar vacante tras la muerte del ministro Jesús Gudiño Pelayo.

 

Ministro Juan N. Silva Meza, nuevo Presidente de la SCJN y del CJF

MEXICO. D. F., 03 de Enero  de 2011.-  El Ministro Juan N. Silva Meza fue electo hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para el periodo 2011-2014.
Al asumir el cargo, afirmó que su “compromiso de vida” será lograr que el Poder Judicial de la Federación responda con acciones eficaces y oportunas a una sociedad que busca que sus instituciones públicas le garanticen certeza, seguridad y paz social, cercano a la gente, y legitimado por sus resoluciones a los ojos de la sociedad.

Tras dejar en claro que durante su Presidencia su única sumisión será con la Constitución y con la ley, sostuvo que en el México de hoy, donde diversos fenómenos nacionales trastocan primordialmente la seguridad y tranquilidad de la sociedad, es fundamental que los poderes del Estado fortalezcan su eficacia, y que la Constitución, las leyes, las instituciones y la cultura de la legalidad, sean las pautas fundamentales de convivencia social.

Puntualizó que en estos momentos el Poder Judicial de la Federación es la institución que puede encarnar de manera más clara la seguridad, la estabilidad y ese refugio exigido por la sociedad. Recalcó que el Poder Judicial de la Federación es “base y fundamento de nuestro Estado de Derecho, no un conjunto de textos muertos, presentados en forma de leyes áridas e inaccesibles, sino aquél conjunto de principios que orientan la vida pacífica en una sociedad justa; el respeto irrestricto a los derechos humanos; la libertad de opinar y elegir gobernantes; la participación lícita en el desarrollo económico y la prosperidad de la sociedad”, entre otros.

En su primer mensaje como Presidente de la SCJN y del CJF en sesión pública del Pleno, el ministro Silva Meza subrayó que para él no es válido generar expectativas de renovación, de mejoramiento, para después caer en la autocomplacencia o en la simulación; es decir, en el cambiar para seguir igual, y aseguró que su esfuerzo estará dirigido a concretar un PJF “unido, respetado y respetable; sobrio y discreto”.“Un Poder Judicial -continuó- absolutamente responsable de sus actos y decisiones; un Poder Judicial de la Federación abierto, transparente y austero; un Poder Judicial de la Federación efectivo y oportuno; un Poder Judicial de equilibrio, cercano a la gente, y legitimado por sus resoluciones a los ojos de la sociedad”.

Manifestó su convicción plena de que el ejercicio de toda función pública que se realiza al frente de alguna de las instituciones fundamentales del Estado mexicano, halla su sentido y encuentra su fin último en la atención a las necesidades y la resolución de los problemas de la sociedad a la que sirve. Luego de agradecer a los ministros integrantes del Pleno su confianza para desempeñar la más alta responsabilidad a la que como juez y jurista puede aspirar, afirmó que las recientes reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión en materia de amparo y de derechos humanos “tendrán un enorme impacto para la función judicial”. Aseveró, incluso, que de ser aprobadas por los congresos de los estados, “el sistema jurídico mexicano será muy diferente al que conocemos”.

De ahí que, señaló el ministro presidente, “habremos de seguir de cerca este proceso y, de ser el caso y dentro de nuestras competencias constitucionales y legales, participaremos activamente también en esta reforma”. Al referirse al Consejo de la Judicatura Federal, enfatizó que se fortalecerá su presencia como “la última línea de defensa de la autonomía e independencia judiciales, de la dignidad y respetabilidad de nuestros jueces y magistrados que, si bien habrán de ser cada vez más exigidos, también habrán de ser más arropados”.

Ésta seguirá siendo, sostuvo, la prioridad en los años por venir, para revalorar su misión como depositarios del Poder Judicial de la Federación. Hasta el 31 de diciembre de 2010, la Presidencia de la SCJN y del CJF estuvo a cargo del ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien a propuesta del propio ministro presidente Juan N. Silva Meza, se integró a la Primera Sala que atiende asuntos penales y civiles.

ELIGE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A JUAN SILVA MEZA COMO SU PRESIDENTE

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligió por mayoría de votos a Juan Silva Meza como su presidente para el periodo 2011-2014, durante el cual también fungirá como presidente del Consejo de la Judicatura Federal.

Para la elección sólo fue necesaria una ronda en la que nueve de los 10 ministros con los que cuenta el pleno del máximo tribunal del país eligieron a Silva Meza, en tanto que un voto fue para la ministra Margarita Luna Ramos.
Juan Silva se convirtió en el quinto presidente del tribunal constitucional de México, a partir de la nueva estructura de la SCJN en la que han ocupado el cargo Vicente Aguinaco Alemán, Genaro Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón y Guillermo Ortiz Mayagoitia.

En su primer discurso como presidente de la corte, Silva Meza subrayó que en el Poder Judicial de la Federación “fortaleceremos nuestra línea de defensa, la respetabilidad de nuestros jueces y magistrados”, y que si bien serán más exigidos cada día, también serán arropados cada vez más.

Añadió que como presidente del Consejo de la Judicatura Federal fortalecerá la independencia de sus juzgadores y que garantizar su autonomía será prioritario en los años por venir, pues la sociedad tienen urgencia de creer en sus jueces y “necesita más que nunca confiar en nosotros”.

“No se vale generar expectativas de renovación, de cambio, para después caer en la autocomplacencia, cambiar para después seguir igual”, sino que se debe concretar un Poder Judicial unido, respetado y respetable, sobrio y discreto, responsable de sus decisiones, efectivo y oportuno, cercano a la gente, legitimado con sus resoluciones a los ojos de la sociedad.

Alertó que en el país prevalecen diversos fenómenos que “trastocan primordialmente la seguridad y la tranquilidad de la sociedad”, por lo que es fundamental que los poderes del Estado fortalezcan su eficacia.

Con una carrera de 30 años en el Poder Judicial de la Federación, Silva Meza señaló que fue elegido para un “camino envidiable, privilegiado, cargado de responsabilidad”, y que “la presidencia cumplirá siempre su obligación de cara a la ciudadanía. Me conduciré con absoluta pulcritud”.

Luego de rendir protesta adscribió a su predecesor, Guillermo Ortiz Mayagoitia, a la Primera Sala de la Corte, aunque el ex presidente se desempeñó siempre como integrante de la Segunda Sala, pero al estar completa, ocupará el lugar que deja vacante Silva Meza.

LLAMA SILVA MEZA A PODERES A CUMPLIR EN LA INTEGRACIÓN DE LA SCJN

El recién nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, llamó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a cumplir “en la parte que les toca” para lograr la integración del alto tribunal, que desde la muerte de Jesús Gudiño Pelayo, sesiona con 10 ministros.

“Yo considero que es urgente que cada uno de los poderes, en la parte que les toca, estén prestos a cumplir con la integración de este tribunal pleno”, apuntó al recordar que desde septiembre de 2010 existe una vacante de ministro, y reconoció que se avizora que el procedimiento todavía tardará, en conferencia de prensa. Dijo que esta situación ha provocado algunas complicaciones, como en la Primera Sala, donde existe la vacante, y se han tenido problemas respecto de la decisión oportuna, pronta de alguna resolución, y apuntó que ésta ha tenido que recurrir a la Segunda Sala para que acuda un ministro para desempatar una votación. “Ya han sido muchos los casos”, alertó.

El Senado de la República rechazó en diciembre la terna que envió el presidente Felipe Calderón para sustituir al ministro Gudiño Pelayo, quien falleció el 19 de septiembre de 2010, y se prevé que el titular del Ejecutivo envíe una nueva terna en febrero, mes cuando inicia el periodo ordinario de sesiones de este órgano legislativo.

Por otra parte, Silva se refirió a las acusaciones a jueces federales por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). “Ganan, muy buen juez; pierden, que mal juez, en el mejor de los casos”, pues apuntó que en ese punto vienen otro tipo de imputaciones o “distorsiones” y es lo que el Consejo de la Judicatura Federal debe vigilar, aunque precisó que no es una vigilancia persecutoria, sino de los órganos revisores.

“¿A qué estamos acostumbrados?”, cuestionó, a que “si no salen las situaciones bien, no somos bien considerados, pero esa es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta y eso no nos debe impactar en nuestras decisiones”, recalcó.

Añadió que hay medios de control y revisión, “pero si nosotros trabajamos en los jueces para que hagan eso que tienen que hacer, que no les importe otra cosa más que resolver eso, que no atienden a políticas públicas, que no atienden a presiones, que no atienden, simplemente a los contenidos de la Constitución y de la Ley, vamos a tener una mejor justicia”, aseguró.

De igual manera, Silva Meza sostuvo que los jueces generan paz social, y que son “la última consecuencia de una recta, de una sana administración de justicia” y añadió que los juzgadores la pueden producir con la generación de seguridad, certeza, paz social, “y eso es lo que nos toca el día de hoy brindar”, finalizó.

FELICITA PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN AL NUEVO PRESIDENTE DE LA SCJN JUAN SILVA MEZA

El presidente Felipe Calderón Hinojosa felicitó al ministro Juan Silva Meza por haber sido elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El mandatario hizo votos porque bajo la presidencia de Juan Silva Meza se mantenga el fortalecimiento de la colaboración entre los poderes Ejecutivo y Judicial con el estricto apego a la Constitución y en beneficio de todos los mexicanos.

Asimismo, expresó su reconocimiento al magistrado Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente saliente de la SCJN, por su destacado liderazgo al frente del máximo tribunal.

El presidente Calderón también reconoció el trabajo de todos los ministros, por haber realizado un proceso de elección que según dijo contribuye sin duda a fortalecer la vida institucional de México.

REFRENDA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN COMPROMISO DE TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON SCJN

La Secretaría de Gobernación (Segob) felicitó al ministro Juan Silva Meza por su elección como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como del Consejo de la Judicatura Federal durante los próximos cuatro años. La dependencia reiteró su compromiso de trabajar conjuntamente con la SCJN, procurando para México el respeto irrestricto a los derechos humanos, las libertades, la construcción de un Estado democrático de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas.

DESIGNAN AL MAGISTRADO JUAN MANUEL JIMÉNEZ ILLESCAS COMO PRESIDENTE DEL TFJFA

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) designó hoy al magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, como presidente de ese órgano jurisdiccional para un periodo de tres años. En su sesión, los 11 magistrados de la Sala Superior determinaron que Jiménez Illescas asumiera a partir de este lunes el cargo de presidente del TFJFA.

Acerca de Héctor Valadez
Estudiante de Historia que ya estudió Derecho, Filosofía y Psicología. Profesor de Geografía, Historia y Formación cívica y ética en el Centro Educativo Juan Sebastián Bach

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